El juez federal Juan Pablo Auge consideró que ese expediente no se puede separar del que investiga maniobras similares contra dirigentes políticos, religiosos, gremiales y periodistas.

Juan Pablo Auge, juez federal de Lomas de Zamora.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge rechazó enviar a Comodoro Py la causa por supuesto espionaje ilegal realizado en 2018 desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre el Instituto Patria, tras considerar que ese expediente no se puede separar del que investiga maniobras similares contra dirigentes políticos, religiosos, gremiales y periodistas.

Con esta decisión, el magistrado rechazó la inhibitoria que le planteó la jueza Maria Eugenia Capuchetti a instancias de la Cámara Federal porteña, que le había dado la razón al ex titular de la AFI Gustavo Arribas cuando pidió que ese expediente pasara a tramitar en los tribunales de Retiro.

“Corresponde que esta causa y su conexa continúen tramitando en esta jurisdicción, que es la que previno”, sostuvo el juez Auge, quien demás señaló que "no resulta posible determinar un lugar de comisión analizando un solo segmento de los hechos, cuando existe aquí una organización delictiva conformada para cometer, entre otros delitos, gran cantidad de espionajes y seguimientos ilegales”.

Al referirse específicamente al expediente en el que se investiga el espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el que ya están procesados Arribas y su otrora segunda Silvia Majdalani, el juez recordó que en el afán de intentar dar cobertura legal a ese espionaje se utilizó una causa radicada precisamente en Lomas de Zamora.

“La denuncia presentada por la interventora de la AFI (Cristina Caamaño) ante los Tribunales de esta jurisdicción, pone de manifiesto que en el marco de la causa judicial 82441/2017, también en trámite ante este circuito federal, se introdujeron informes relativos a tareas de investigación que no estaban vinculados con su objeto procesal y que en realidad correspondían a acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25.520”, detalló el juez.

“De ese modo, esos informes ideológicamente falsos pretendían simular que las acciones de inteligencia ilícitas eran en realidad actividad investigativa regular realizada bajo el amparo de una orden del juez en esas actuaciones. Así, el epicentro de la maniobra con la que se pretendió dar cobertura a las acciones prohibidas desplegadas, resultó una causa judicial de esta jurisdicción y fue aquí donde esos informes ideológicamente falsos fueron presentados y produjeron sus efectos hasta la actualidad”, agregó el magistrado.

El juez también recordó que en el informe utilizado para intentar justificar las tareas de inteligencia, se revelaba que la actividad de la AFI incluyó también a la exgobernadora María Eugenia Vidal, otro elemento que prueba que los eventuales delitos se habrían cometido en múltiples jurisdicciones por lo que no correspondería enviar el expediente a Comodoro Py.

Al referirse al fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña que el 21 de agosto dispuso que el caso del instituto Patria debía tramitarse en Comodoro Py -en contra de lo que había decidido la jueza Capuchetti en primera instancia-, el juez sostuvo que el camarista Mariano Llornes decidió “confundiendo la acumulación de esta causa, como un hecho independiente o autónomo a la causa Nº 14149/2020, la cual en realidad forma parte de un todo, como ha quedado demostrado, unificándose las pesquisas”.

El fallo de Auge al que accedió Télam fue firmado el 21 de septiembre mientras que hoy el incidente quedó radicado ante la sala I de la Cámara Federal de La Plata.