El proyecto que apunta a combatir la violencia institucional por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, establece pautas de acción frente a las denuncias "con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz".

El proyecto fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate sobre un proyecto integral contra la violencia institucional que buscan prevenir y erradicar estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

La iniciativa se comenzará a analizar en una reunión de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos que se realizará a las 18 y estará presidida por los legisladores del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky.

El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.

El proyecto establece pautas de acción frente a las denuncias "con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz".

Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.

Los detalles del proyecto

La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Según el proyecto, se entiende por violencia institucional "todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas".

De acuerdo a la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a "toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias".

Asimismo, el proyecto establece que las víctimas de violencia institucional "tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima".

También podrán solicitar "acompañamiento psicosocial por parte del Estado" y dispone que cada "jurisdicción deberá instrumentar los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia".