“La documentación aportada por el municipio no respeta la normativa ambiental existente", afirmó el concejal Marcelo Zúñiga (FdT) respecto a la Península Hiroki en el Paseo de la Costa donde el municipio desforestó sectores para la urbanización del sector.

"El 15 de septiembre, vecinos autoconvocados, deciden involucrarse y logran parar las obras y tala indiscriminada de árboles que se llevaban adelante por la construcción del paseo costero, afectando severamente el medio ambiente", señala un parte de prensa de Zúñiga.

Días después, y como resultado del encuentro mantenido con los vecinos, el concejal del Frente de Todos, Marcelo Zuñiga, envió una nota al Intendente Mariano Gaido, para recordarle que “dicho sector es un área natural protegida, sancionada por Ordenanza 11.874", y reclamó que "no se avance con la destrucción de dicho lugar”.

En ese mismo momento, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo ante la justicia para que el municipio suspenda el avance de las obras en dicho lugar hasta tanto presente la documentación al respecto.

Como respuesta a esa nota, el municipio envió a Zuñiga lo que denominaron “Proyecto Ejecutivo e Impacto Ambiental”, el cual comprende alrededor de 1000 fojas, donde quedó demostrado que: se omite el status de protección ambiental de la península; hay un severo atropello sobre un área protegida; carece del dictamen obligatorio de la Unidad de Gestión de Áreas Protegidas (UGAP); se avanza sin consultar a los vecinos y se evita que intervenga el Concejo Deliberante.

“La documentación aportada por el municipio no respeta la normativa ambiental existente y se verifica, por un lado, la decidía con el medio ambiente, y por otro, la incompetencia de funcionarios municipales y del propio intendente, ya que el estudio de impacto ambiental (EIA) no se ajusta a las Ordenanzas existentes ni con los mecanismos institucionales que debió ponerse en marcha”, aseveró Zuñiga.

Por último, el concejal Zuñiga para respaldar lo antes mencionado, informó que el Intendente Mariano Gaido, pidió una prórroga de 10 días para presentar la documentación solicitada por la Defensoría del Pueblo y al juzgado actuante.