El ministro del Interior, Guillermo Francos, aclaró, a pesar del DNU, que "Las partidas (para las cajas de jubilaciones) están, se reasignaron a temas de partidas provinciales. Hay dos problemas históricos, el stock de la deuda que no es responsabilidad de este gobierno. Son deudas contraídas hace muchos años, de un monto difícil de clarificar porque hay auditorias pendientes", explicó.

Al respecto detalló que "Hay algunas provincias que deben y hay otras provincias a las que se les debe. Pero, para clarificar y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos".

Francos afirmó que está previsto que el dinero llegue a las provincias a través de "otras partidas" que el Gobierno tiene pensado enviar a las provincias. "Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir que es lo difícil", apuntó.

Tampoco dio precisiones sobre el tiempo que va a llevar la auditoría.

Francos sintetizó la situación: "Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema y hay algunos amparos previstos, pero lo que no está definido es el monto a transferir. Pero quedémonos tranquilos con esto", pidió.

En las provincias entienden que la decisión de Javier Milei de emitir el DNU podando esos fondos, tiene que ver con la discusión del Pacto de Mayo. Asumen que es una forma de presión en el marco de una discusión que no es sencilla: las provincias tienen alrededor de 4 mil obras a medio terminar paralizadas. Al no tener financiamiento para esas y ver reducidos sus ingresos e incrementado erogaciones por el pago del Fondo de Incentivo Docente, por ejemplo, se paralizan también las que ejecutan las propias administraciones provinciales.

Francos también se refirió a esa situación con una posición obvia. "No tiene nada que ver con las leyes de bases, con la que muchos gobernadores y legisladores están absolutamente de acuerdo" y tampoco se vinculan a "las reformas fiscales que en general también hay acuerdos con los temas que allí se trata".

No obstante, aclaró: "Lo que es legal, lo que está por ley no se va a dejar de reconocer. Solamente que para pagarlo tiene que estar claro qué es lo que se paga, a veces hay exageraciones de lo que se plantea como demanda de transferencia. Y es una obligación del funcionario público que tiene que ordenar la transferencia saber qué está habilitando", dijo. Para muchos es una excusa para mandar una señal a los gobernadores: "esto también lo podemos hacer", sería el mensaje. La respuesta también es simple: vamos a la justicia.