Con la premisa de "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago" en el centro de la escena política, la oposición en el Congreso presentó un contundente proyecto de ley que busca obligar a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado a repatriar al menos el 50% de sus activos financieros declarados en el extranjero. La iniciativa, impulsada por el bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP), propone una sanción drástica para quienes no cumplan: la renuncia a su cargo en un plazo de 30 días.

Bajo el nombre de "Ley de recuperación de la confianza financiera", el texto apunta directamente a figuras como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros. El espíritu del proyecto es alinear el discurso oficial con el comportamiento patrimonial de quienes ejercen cargos públicos, exigiendo a los funcionarios que demuestren en primera persona la confianza que le piden a la ciudadanía.

"Si un funcionario no cree en el rumbo económico que impulsa, ¿cómo puede pedirle a la sociedad que lo acompañe?", señaló el senador Oscar Parrilli, uno de los impulsores de la propuesta. A través de su cuenta de X, Parrilli enfatizó la necesidad de "coherencia" en la gestión pública y explicó que la iniciativa busca "dar el ejemplo" desde los sectores de poder.

Plazos y sanciones drásticas para quienes no cumplan

El proyecto establece un plazo de 30 días, a partir de la promulgación de la ley, para que los funcionarios cumplan con la repatriación del 50% de sus fondos. Aquellos que no lo hagan, deberán presentar su renuncia. Además, la normativa incorpora cláusulas para evitar maniobras de simulación de desapoderamiento, como transferencias destinadas a ocultar la titularidad real de los fondos, que podrían interpretarse como intentos de eludir la aplicación de la norma.

El patrimonio de Caputo en el ojo de la tormenta

La presentación de esta iniciativa se da en un contexto de declaraciones del ministro Luis Caputo, quien días atrás instó a los argentinos a confiar en las políticas oficiales y anunció medidas para incentivar el ahorro y la inversión local. El Gobierno estima que más de 200 mil millones de dólares están fuera del sistema formal y busca que ingresen a la economía argentina.

Sin embargo, el propio Caputo ha sido blanco de críticas por el manejo de su patrimonio. Se ha recordado su vinculación con fondos offshore, expuesta en los Paradise Papers, y su última declaración jurada, donde figura una suma cercana a 16 millones de dólares radicada en la Isla de Mann, un conocido paraíso fiscal.

Otros funcionarios con fortuna en el exterior

El proyecto de UxP también menciona antecedentes de funcionarios de gestiones anteriores y actuales para contextualizar la aparente contradicción entre sus discursos y sus decisiones financieras personales. Entre los nombres destacados se encuentran:

·Juan José Aranguren: El exministro de Energía declaró que el 82% de su patrimonio estaba en el extranjero.

·Federico Sturzenegger: El actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado señaló que el 73% de sus bienes estaban fuera del país durante su paso por el Banco Central.

·Leandro Cuccioli: El exdirector de la AFIP informó que el 90% de su patrimonio estaba en el exterior, según su declaración jurada de 2017.

Desde Unión por la Patria, sostienen que esta ley no solo apunta a recuperar divisas para fortalecer las reservas del país, sino que también abre un debate crucial sobre el compromiso de los funcionarios con las políticas que promueven. "No se puede gobernar pidiendo sacrificios sin dar el ejemplo", remarcaron desde el bloque. Con esta propuesta, la oposición en el Senado busca llevar el debate económico al terreno ético y desafiar a la dirigencia a transparentar sus decisiones patrimoniales en un momento de marcada desconfianza social hacia la política.