Ante la sorpresiva medida llevada a cabo por la justica local, la referente de la organización Túpac Amaru solicitó de urgencia la presencia de sus abogados.

Efectivos policiales allanaron durante la mañana de este jueves la casa de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña en el marco de una causa derivada de las manifestaciones ocurridas en los últimos días en Jujuy.

El procedimiento fue ordenado por el juez especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, y secuestraron teléfonos celulares de todos los integrantes de la casa y documentación vinculada a la Tupac Amaru, dijeron allegados a Sala, quien cumple con arresto domiciliario.

La medida se llevó a cabo con el apoyo de perros que revisaron todo el inmueble, incluyendo la habitación que ocupa Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encuentra gravemente enfermo -hasta hace poco estuvo internado- y, según su familia, está "en sus últimos días".
Ante la sorpresiva medida llevada a cabo por la justicia local, la referente de la organización Túpac Amaru solicitó de urgencia la presencia de sus abogados.

Durante el operativo, allegados de la dirigente social denunciaron que Noro, "se descompuso y se agravó su condición salud. Integrantes del Poder Judicial jujeño y la policía no permitían el ingreso de los hijos como tampoco al personal de salud por lo que requisaron a todos. Fue una actitud bastante inhumana", relataron.

Una vez culminado el allanamiento el esposo de Sala se quedó en el domicilio, debido a que su "condición de salud no puede variar trasladándolo", afirmaron, aunque seguirá siendo permanentemente atendido por profesionales de la sanidad.

En los últimos días, en Jujuy se desataron varios hechos de violencia con numerosos heridos y detenidos debido a la represión que viene llevando adelante la Policía provincial ante las masivas protestas de manifestantes, en contra la reforma parcial de la Constitución aprobada y jurada el 20 de junio pasado.
La medida judicial que se cumplió este jueves fue a solicitud del fiscal Funes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el fin de secuestrar "elementos objetivos" por la "posible existencia de una instigación a cometer ilícitos" durante esos episodios.

En ese contexto, se investiga a partir de los dichos de una persona sobre la confección de banderas que supuestamente Milagro Sala le habría encargado a cambio de una suma de dinero.

"El allanamiento fue irregular e ilegal porque no esperaron que llegue alguno de los abogados defensores de Milagro (Sala) y avanzaron en el operativo sin autorización", contó a Télam Ariel Ruarte, uno de los letrados defensores de la dirigente social.

En ese contexto precisó que "procedieron a allanar con al menos 15 personas dentro del domicilio, lo cual complica la posibilidad de controlar lo que hacen o dejar de hacer durante el operativo".Sobre las pesquisas detalló que "se secuestraron los teléfonos celulares de todas las personas que viven en la casa de Milagro Sala como también todos los registros vinculados a la organización Tupac Amaru y evitamos que se lleven dinero de Raúl Noro", completó.

Por su parte, la CTA Autónoma repudió "la persecución y ensañamiento contra la compañera Milagro Sala" y exigió que "se deje de perseguir a dirigentes sociales, sindicales y políticos".

"En medio del contexto altamente represivo y violento que vive la provincia hace semanas, la policía de Jujuy allanó esta mañana la vivienda de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala", expresó la entidad en un comunicado.
La organización sostuvo que el gobernador Gerardo Morales "sigue ensañándose en la persecución de Milagro Sala, a quien además le siguen negando la posibilidad de un tratamiento médico adecuado en Buenos Aires, mientras pretenden trasladarla a un penal con la excusa de querer hacerla responsable de las movilizaciones que el pueblo jujeño está llevando adelante contra la reforma inconstitucional que ha promovido el gobernador".

De este modo, "Morales busca, a través de estas acciones, distraer y desviar el debate de las plenas responsabilidades que tiene sobre la violencia y represión que está sufriendo el pueblo jujeño en este momento".

"Exigimos el cese de violencia sobre el pueblo jujeño, el desprocesamiento de las y los luchadores sociales y que se deje de perseguir a dirigentes sociales, sindicales y políticos de Jujuy", indicó la organización gremial.

En tanto, consultado sobre el allanamiento que se realizó este jueves en la vivienda de Milagro Sala, el precandidato de Unión por la Patria, Juan Grabois, respondió que tiene que ver con "un proceso de intimidación y con que quieren tapar con el nombre de Milagro Sala lo que sucede en Jujuy, que es una pueblada".
"Si yo fuera presidente conseguiría el apoyo para intervenir esa provincia", expresó el dirigente en declaraciones que realizó a la radio El Destape.

En el mismo sentido, se pronunció Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de Milagro Sala, quien afirmó que la medida judicial "es un hecho más del terrible hostigamiento y persecución a siete años y medio de su detención y como marco de la campaña electoral que está llevando adelante Gerardo Morales con (Horacio) Rodríguez Larreta", precandidatos a presidente y vice por Juntos por el Cambio.

También el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, criticó la medida judicial y lo vinculó directamente al gobernador jujeño.

En su cuenta de Twitter aseguró que "Morales hace campaña reprimiendo y persiguiendo" y acotó que "quiere involucrar a la líder de la Tupac Amaru en los levantamientos populares que padece su reforma vil".
Las protestas en Jujuy contra la reforma constitucional se vienen llevando adelante desde hace varias semanas en diferentes puntos de la provincia, con cortes de ruta y permanencia de las comunidades indígenas, docentes y miembros de organizaciones sociales.

Tras las violentas represiones desatadas el 17 de junio en Purmamarca y el 20 de junio frente a la Legislatura provincial, en la ciudad capital, el MPA imputó a diferentes personas por delitos de "entorpecimiento del transporte terrestre", de "resistencia a la autoridad y lesiones agravadas".

Además, la fiscalía investiga los destrozos ocasionados en el palacio legislativo, sobre bienes públicos y privados, por los "delitos de daño agravado, daño, lesiones agravadas, resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y entorpecimiento funcional en grado de tentativa".