Neuquén- Un tribunal de revisión coincidió con el pedido del fiscal del caso Juan Manuel Narvaez y ratificó la prisión preventiva por 4 meses para tres de los imputados por la causa que investiga estafas en la administración de planes sociales.
La audiencia se realizó hoy y había sido solicitada por las defensas. Pretendían revertir la prisión preventiva que, solicitada por la fiscalía, fue ordenada por un juez de garantías para neutralizar un riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de los tres imputados: Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, quienes al momento de los hechos eran funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia.
El fiscal del caso pidió confirmar la medida cautelar. Consideró que “las defensas plantearon una mera disconformidad” y estimó que la decisión del juez de garantías estuvo fundada. También pidió a la jueza y a los dos jueces del tribunal que tuvieran en cuenta la naturaleza de los hechos, en los que “esta asociación ilícita se dedicó a meterse en el bolsillo de la ciudadanía”.
Por la fiscalía, Narvaez intervino junto a la asistente letrada Tanya Cid y la agente Agustina Jara. Gustavo Kohon, en representación de la fiscalía de Estado, adhirió a los planteos del Ministerio Público Fiscal.
Tras escuchar a las partes, el tribunal confirmó la prisión preventiva por 4 meses para los tres imputados.
La causa
La medida se enmarca en la investigación por la cual el 29 de noviembre de 2022, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli formuló cargos contra 19 personas. Les imputó integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a quedarse con fondos públicos que tenían como destino original atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.
Al momento de los hechos, Soiza ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Según la investigación, intervino como “jefe” de la organización; tenía dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras delictivas: Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.
