El fiscal del caso de Chos Malal, Victor Salgado, formuló cargos por grooming y estupro a un varón y pidió que quede detenido en prisión preventiva mientras se realiza la investigación. Le imputa haber cometido esos delitos contra una adolescente a la que captó a través de redes sociales y con la que mantuvo una relación de pareja.

Junto a la asistente letrada Romina Travieso, y con la adhesión de la defensoría de Niñez y Adolescencia, que intervino como querellante institucional, el fiscal del caso le atribuyó al imputado, F.C, dos hechos.

Por un lado, relató que el acusado contactó a la víctima a través de la red social Instagram, cuando tenía 13 años. “Aprovechándose de las escasas barreras de autoprotección”, logró “dominar la voluntad” de la víctima y le manifestó su intención de conocerla. En ese momento, la adolescente cursaba la primaria, afirmó el fiscal, y explicó que en el encuentro, el imputado intentó darle un beso que ella rechazó.

El segundo hecho se desarrolló en 2024, cuando la adolescente tenía 15 años. El imputado volvió a contactarla, en este caso a través de un pariente que tiene una edad cercana a la de la víctima.

“Tras ese acercamiento, mantuvo una relación con la adolescente”, explicó Salgado, e indicó que a partir de febrero iniciaron una convivencia. “Durante esa convivencia, el imputado mantuvo relaciones sexuales con la adolescente, menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, y esto lo hizo en relación con su preeminencia respecto de ella”, afirmó. También explicó que F.C ejerció violencia respecto de la víctima.

El fiscal del caso encuadró los hechos en los delitos de grooming, en concurso ideal con estupro; en concurso real con amenazas coactivas y desobediencia a una orden judicial (artículos 131; 120; y 149 bis, último párrafo, segundo y tercer apartado, del Código Penal).

Salgado relató episodios de violencia durante el vínculo del acusado con la víctima y situaciones que derivaron en el alejamiento de la adolescente respecto de su familia. Señaló que el imputado posee armas y que ,si bien cuenta con la respectiva autorización legal, en el marco de los hechos denunciados, incrementan el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. Entonces, como medida de protección a la víctima y para garantizar el desarrollo de la investigación, solicitó al juez Ignacio Pombo, quien dirigió la audiencia, la imposición de una prisión preventiva durante el plazo de investigación (4 meses).

“Existe un claro riesgo para la integridad de la víctima: debemos tener presente que estamos ante una víctima que es triplemente vulnerable, por su género, por ser una niña y por haber sufrido violencia género en distintas modalidades”, fundamentó Salgado.

El magistrado tuvo por formulados los cargos e impuso la medida cautelar, pero por 15 días. En su resolución, Pombo compartió la necesidad de proteger a la víctima con una medida restrictiva de la libertad del imputado, pero consideró que se puede llevar adelante con una detención domiciliaria con control electrónico, por lo que instó a la defensa a que, durante el plazo dispuesto, presente una vivienda apta.