Cabe recordar que el Decreto del presidente Javier Milei sobre la Ley de acceso a la información pública fue cuestionado por diversas organizaciones privadas como Poder Ciudadano y FOPEA.
Adorni destacó que “La única limitación es el abuso. La información pública no va a tener ninguna limitación de ninguna índole porque no es nuestro espíritu”, señaló y remarcó que “no tiene un aspecto restrictivo”.

Cabe recordar que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) señaló que “debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada” y que “son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”.

Por su parte, Ramiro Álvarez Ugarte, abogado e investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, señaló: “El problema que tiene el decreto es que reglamenta todo de manera restrictiva. Es el caso de la legitimación activa, por ejemplo, donde impone requisitos que la ley no prevé, más allá de que los cambios puedan ser razonables. Lo mismo hace con algunas excepciones, donde clarifica algunos contenidos de la ley”

El especialista agregó: “Las definiciones sobre ‘información pública’ y ‘documento’ son los puntos más problemáticos. El decreto lo que hace es tomar la definición de la ley y establecer por reglamentación una definición que es mucho más restrictiva que lo que la ley establece. Ahí está el problema principal: lo que está haciendo es alterar el espíritu de la norma, en violación de los artículos 28 y 14 de la Constitución”.