El DNU sobre la SIDE había sido rechazado por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto, con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones.

El Gobierno nacional sufrió la segunda derrota legislativa de la jornada, la madrugada del viernes 13 en el Senado, con el rechazo del DNU que restablecía los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por cien mil millones de pesos.

El jefe del interbloque opositor de Unión por la Patria, José Mayans, reclamó que el Poder Ejecutivo explique adónde fueron destinados los 81 mil millones de pesos que ya gastó el organismo de Inteligencia desde que se firmó el referido decreto.

“Si hablan de transparencia, no pueden venir a acá y decir que van a gastar 81 mil millones de pesos sin rendición alguna”, disparó el formoseño, al cierre del debate. Tras indicar que “de los 103 mil millones de pesos (que otorgaba el DNU para la SIDE como gastos reservados) ya se gastaron 81 mil millones en quince días”, e insistió en que el Gobierno explique “a quién le dieron esa plata, qué hicieron con esa plata”.

Una muestra del reducido número de miembros que tiene el oficialismo la dio que el cierre del debate lo hiciera el senador Juan Carlos Pagotto, que volvió a hacer uso de la palabra, para hablar de la degradación del sistema de seguridad. “Hay varias razones por las que tenemos que tener un servicio de inteligencia; el hecho de que se haya utilizado mal no quiere decir que tengamos que actuar como si siempre se fuera a actuar mal. Para eso está la Comisión Bicameral que tiene que controlar”, sostuvo.

“Podemos discutir hasta el hartazgo y hemos tenido ejemplos de la mala utilización de los servicios de inteligencia, pero tenemos la obligación de que esto funcione y la mejor manera de que así sea es comenzar a controlar y que la SIDE cumpla las funciones determinadas”, expresó el senador riojano.

Es la primera vez en la historia desde que existe la reglamentación de los DNU, que un decreto de necesidad y urgencia presidencial es derogado por ambas cámaras, desde la sanción de la ley que reglamentó el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia, en 2006.