Este próximo 5 de marzo se cumplirá un año desde que se presentó formalmente la denuncia contra el ex intendente Gustavo Suárez. Pasados más de 11 meses, la justicia espera que el Gabinete de peritos Contable del Tribunal Superior de Justicia, emita dictamen y, sobre esa base, determinar si corresponde, o no, formular algún tipo de acusación.
Como se recordará, la gestión de Claudio Larraza solo examinó los 6 meses finales del cuestionado mandato de Suárez. Y puso la lupa sobre 8 operaciones.
Una de ellas, son aportes con fines específicos que la comuna recibió del IJAN. “El 22 de agosto pasado, 11 días antes de asumir esta gestión y un mes después de las elecciones municipales el IJAN deposita a la cuenta oficial municipal la suma de 42.736.000… al 15 de septiembre las obras no estaban realizadas… una vez más la plata no estaba”, informó Claudio Larraza.
En concreto, esos 42,7 millones tenían como destino específico tres obras: la red de riego de la avenida Mariano Moreno; la extensión de la red de gas al barrio Marcelo Berbel, que finalizó hace poco la nueva gestión y la ampliación de la red de gas a la zona de chacras.
El acuerdo fue aprobado por el CD de Plaza Huincul en la sesión del 8 de agosto de 2023 y, como dijo Larraza, el 22 de ese mismo mes, la comuna recibió los fondos. El tema es que, de acuerdo al arqueo de cajas del municipio, el dinero no estaba en el banco el 16 de setiembre cuando asumió la nueva gestión y, obviamente, la obras no estaban hechas.
El “secreto” de todo, es que estos son fondos con fines específicos. Es decir, no se pueden destinar a otra cosa.
El tema es que, quienes conocen de cerca la gestión de fondos municipales, aseguran que las autoridades comunales cuando se retiran las gestiones “cierran” todas las cuentas tomando fondos de donde sea y esto permite “disimular”, “tapar” o “emprolijar” los agujeros que quedan para evitar acciones legales.
¿Podría haber ocurrido esto en la gestión Suárez? Podría. El tema es que legalmente son fondos con destino específico y, en este caso, de acuerdo al argumento del intendente Larraza, no habrían estado disponibles para ese objetivo puntual.
Similar es la situación con $11,2 millones que la municipalidad recibió del NEIM para comprar cámaras de seguridad urbana. Las Ordenanzas para tomar fondos del ENIM son puntuales y se deben destinar a ese fin concreto.
Suárez recibió otros fondos en condiciones parecidas, es decir que debían aplicarse a un objetivo determinado. En este caso, el objetivo era la reforma del ex cine Ruca Lighuen. De ellos, quedaron 10 millones sin rendir.
Obviamente, hay otro factor que surge en el análisis. La campaña electoral. Hay quienes sospechan que ese dinero que se utilizó para el objeto comprometido, fue, de alguna manera, a para a la campaña. Habrá que ver si, llegado el caso, la justicia hilvanar esta conexión.
Estas, son 3 de las 8 operaciones que pidieron ser investigadas. Mañana repasaremos, las otras 5.
