La Cámara de Diputados de la provincia aprobó hoy la ley de Ficha Limpia que establece los requisitos que deberán cumplir las personas que quieran postularse a cargos electivos o formar parte del gabinete provincial. La norma, aprobada en general y por mayoría, unificó dos proyectos sobre el tema, uno del Poder Ejecutivo y otro del PRO–NCN, acompañado por otros bloques. Al recinto llegó también un despacho por minoría de Unión por la Patria (UxP) que no prosperó.

La norma fue aprobada con 28 votos positivos aportados por Comunidad, PRO-NCN, MPN, Fuerza Libertaria, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, Avanzar, Cumplir, JxC-UCR y Juntos. En tanto, UxP, FIT-U y PTS-FIT-U aportaron los 5 votos negativos que obtuvo la ley.

El texto aprobado modifica el artículo 68 del Código Electoral -ley 3053- al incorporar nuevos requisitos a los vigentes para acceder a un cargo electivo o dentro del Ejecutivo provincial. Entre ellos, la ley establece que las personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales en segunda instancia no podrán ser candidatas, integrar el gabinete provincial, tener designaciones políticas en el gobierno de la provincia, ser consejeros de la Magistratura, vocales del Tribunal de Cuentas, magistratura judicial, ministerios públicos y secretarías, subsecretarías ni direcciones municipales. La inhabilitación será de carácter perpetuo.

Tampoco podrán postularse las personas beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba por delitos dolosos o contra la administración pública sin ser funcionarios. Asimismo, impide las candidaturas de personas inhabilitadas por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para ejercer la función pública; las personas condenadas por tráfico de estupefacientes de acuerdo a la ley nacional 23737 o por delitos del Régimen Penal Tributario previstos en la ley nacional 27430; y quienes figuren en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. El texto consensuado excluye los delitos contra el honor.

Al respecto, Ernesto Novoa (Comunidad) aseguró que la norma “determinará qué clase de dirigentes políticos vamos a tener en Neuquén” y señaló que Ficha Limpia significa “un grado de confianza” para quienes inviertan en una provincia “sin corrupción”. “Que no se utilice esta herramienta para hacer callar a la oposición” sostuvo Novoa al justificar la exclusión de los delitos de calumnias e injurias del texto final de la ley. También resaltó que solo nueve jurisdicciones en el país cuentan con una ley de Ficha Limpia y subrayó que la propuesta “va contra la casta política y los privilegios”.

En tanto, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) dijo que la ley “es un acto de justicia” al igualar los requisitos de quienes quieran participar de la función pública con los que se le exigen a cualquier empleado estatal. Agregó que la iniciativa “le va a hacer bien a la política neuquina” en tanto permitirá constituir una clase política “que representa al ciudadano medio que no comete ilícitos, como cosa concreta y como gesto de autoridad”.

Al defender el despacho por minoría, el diputado Darío Martínez (UxP) señaló que su propuesta incorpora cuestiones de ética pública y mecanismos de transparencia para quienes hoy son funcionarios públicos. “Es un paso que tenemos que dar con claridad y contundencia”, aseguró.

Por su parte, si bien votó a favor al considerar que la iniciativa constituye “un avance” en la materia, el diputado César Gass (JxC-UCR) advirtió “labilidad constitucional” y lamentó que la última redacción no contemple impedimentos para ejercer la función pública para aquellas personas que hayan cometido delito de calumnias e injurias. En tanto, desde Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz también votó a favor tras considerar “trascendental” el debate de la ley y adelantar que durante el tratamiento en particular solicitará que se incluya también en el artículo 1° a las designaciones políticas del Poder Legislativo.

Desde la izquierda, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) remarcó que la ley “no va a mejorar la calidad de la política” y la definió como una herramienta para proscribir. En ese sentido, recordó lo ocurrido con Lula en Brasil y advirtió sobre el riesgo de silenciar voces opositoras. “Contiene aspectos antidemocráticos”, observó.

En similar sentido se pronunció Julieta Ocampo (FIT-U) quien cuestionó “la urgencia” del gobierno para tratar el tema y dejar de lado otros vinculados a las demandas sociales actuales que requieren prioridad, según consideró.