El Gobierno nacional ha oficializado la disolución del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Esta medida, justificada por la administración de Javier Milei en la necesidad de "mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto", se concretó a través de la publicación de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024.
Con esta decisión, que avanza en el desmantelamiento del esquema fiduciario creado en 2012, la administración de los préstamos hipotecarios vigentes pasará a manos del Banco Hipotecario. La cartera económica, tras más de seis meses de la disolución formal del fideicomiso, reglamentó finalmente la etapa operativa del cierre.
¿Qué pasa con los créditos Procrear ya otorgados?
Uno de los principales interrogantes tras la disolución del fideicomiso es el destino de los créditos hipotecarios y personales concedidos bajo las distintas líneas de Procrear. Desde el Ministerio de Economía se ha dispuesto que la gestión de estos créditos continuará a cargo del Banco Hipotecario, mediante un contrato con el Estado que mantendrá las mismas condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012.
Es importante destacar que los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales inalteradas: esto incluye el monto, la tasa de interés, el sistema de actualización y el cronograma de pago. En otras palabras, los beneficiarios no verán modificados sus derechos ni obligaciones, y las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, garantizando la seguridad jurídica de quienes accedieron al programa.
La Secretaría Legal del Ministerio de Economía será la responsable de resolver cualquier causa judicial que pueda surgir de la operatoria del programa.
¿Qué sucederá con los desarrollos urbanísticos en curso?
La disolución del fideicomiso Procrear se produce mientras aproximadamente 17.000 viviendas se encuentran en distintas etapas de desarrollo en todo el país. El Gobierno nacional ha resuelto que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará bajo la responsabilidad de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado.
Esta medida marca un cambio significativo en la política de acceso a la vivienda, trasladando la responsabilidad del financiamiento y desarrollo de viviendas del Estado a las instituciones bancarias comerciales y a la iniciativa privada.
