Nicolás Lozdan, titular de la Junta Interna del EPAS, hizo pública una situación que -según señaló- genera caos administrativo y un profundo malestar entre los trabajadores y la ciudadanía.
Según Lozdan, el epicentro del problema es el nuevo sistema de facturación denominado GLM, adquirido por el organismo y originario de Rosario. "El sistema anterior, ACUACYS, funcionaba. Pero lo reemplazaron por uno nuevo que fue comprado por decisión del presidente del EPAS, Gustavo Hernández, junto con el ministro Cohen", explicó el delegado.
Desde su implementación hace apenas un mes, el GLM ha provocado un descalabro: "No logramos cobrar ni el 20% de lo que se cobraba antes", afirmó Lozdan.
La migración de datos ha sido catalogada como "deficiente", resultando en situaciones absurdas: usuarios sin deudas ahora figuran como morosos, y quienes sí adeudaban aparecen sin deuda. Incluso, se han registrado facturas con nombres cambiados. La raíz del inconveniente, según el delegado, es que el sistema GLM "no está adaptado para servicios de agua y saneamiento, sino para luz y gas, por lo que desde el primer momento sabíamos que no iba a funcionar". A pesar de esta deficiencia estructural, el EPAS sigue abonando $32 millones mensuales por su mantenimiento.
La situación golpea con particular crudeza a las personas mayores, quienes, al no manejar medios digitales, se acercan a las oficinas del EPAS para pagar sus facturas, solo para encontrarse con que el sistema no funciona o sus datos están incorrectamente cargados. "No les podemos dar una solución y son los trabajadores los que dan la cara. Estamos cansados", lamentó Lozdan, quien pidió públicamente a los usuarios que "no se enfrenten con los empleados" sino que dirijan sus reclamos directamente a las autoridades en la sede central del EPAS, ubicada en Santiago del Estero 426.
A pesar de haber presentado denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo, Lozdan afirmó que "nadie hace nada". Además, alertó sobre un posible vaciamiento sistemático del ente, que incluiría recortes de personal en varias localidades como Chos Malal, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Cutral Co y Plaza Huincul, donde los ingresos no se estarían registrando correctamente.
"Lo están desfinanciando para que el EPAS no funcione y así justificar su privatización. Nosotros con eso no estamos de acuerdo y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias", advirtió Lozdan, dejando en claro la postura firme de los trabajadores.
Desde hace tiempo, ATE venía alertando sobre el deterioro del servicio, la falta de personal y el riesgo de colapso del sistema de atención al público. A esto se suma el reciente colapso del sistema de turnos, donde "cientos de personas deben esperar a la intemperie para ser atendidas. Apenas tenemos lugar para 25 personas adentro. El número 26 ya queda afuera, en pleno invierno", denunció el sindicalista.