La destacada jurista, Aída Kemelmajer de Carlucci, disertó hoy por la tarde en la Legislatura provincial en el marco del proceso de reforma del Código Procesal Civil, Comercial y de Familia que impulsa el vicegobernador Marcos Koopmann. En la ocasión, Kemelmajer destacó la necesidad de separar la parte Civil y Comercial de la parte procesal destinada al fuero Familiar. Lo hizo al señalar que los nuevos procesos en materia de familia requieren jueces especializados, garantizar la privacidad en el acceso al expediente y dotar a los fueros con equipos multidisciplinarios con una fuerte impronta en materia de niñez y adolescencia.

Sobre el proceso de reforma, Koopmann subrayó la necesidad de desdoblar la instancia destinada a lo Civil y Comercial del texto que será de aplicación directa para el ámbito de Familia. Explicó que en ambos casos se debe privilegiar tanto la simpleza y la agilidad como también la cercanía a la ciudadanía.

Al respecto, especificó que “los conflictos se deben resolver en tiempo y forma, no se puede seguir esperando entre 6 u 8 años. Si los procesos demandan estos tiempos ya es muy tarde, sobre todo en temas relativos al ámbito de Familia, la minoridad o que involucre a personas con discapacidad o que presenten algún tipo de vulnerabilidad”.

En su exposición, Kemelmajer consideró como una mejora significativa poder separar lo procesal Civil de lo específicamente vinculado al ámbito de Familia. Indicó que ese rumbo lo plantea la reciente reforma del Código Civil a nivel nacional, ocasión en la que se incluyó un capítulo con normas expresas en materia procesal para el fuero de Familia

Recordó que esta separación ya se aplica en provincias como Córdoba, Chaco y Mendoza, jurisdicciones que ya cuentan con fueros especializados y códigos procesales específicos en la materia.

En ese sentido, demarcó diferencias entre el ámbito procesal Civil respecto del de Familia. Por caso, descartó la posibilidad de incorporar juicios por jurado en este último, restricción que se debe enmarcar en la necesidad de garantizar la intimidad que requiere su proceso. Aclaró que esta instancia puede aplicarse bien en instancias civiles pero bajo ningún punto de vista en el fuero de Familia.

Kemelmajer, ex jueza de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza y miembro de la Comisión de Codificación cuya labor culminó con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, señaló que la principal queja sobre la justicia es que es “lerda, dificultosa y burocrática” y reflexionó que hay que escuchar esos cuestionamientos porque quienes los hacen son las personas destinatarias del sistema judicial.

Expresó que en derecho de Familia es necesario contar con un proceso más rápido y, entre los principios que debe incluir, mencionó la oralidad, la inmediación, el acceso limitado al expediente para preservar la intimidad de las relaciones familiares, facilitar el acceso a la justicia, la resolución pacífica de los conflictos, y jueces y juezas con especialidad en la materia.

También subrayó que la tutela judicial efectiva implica un juicio sin dilaciones indebidas, que la sentencia se cumpla y que se utilice un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Sostuvo que estas normas tienen que consensuarse con todos los operadores del sistema, como el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados. “No van a estar todos de acuerdo en todo, pero hay cosas en las que hay que seguir caminando”, indicó.

De igual modo, planteó la necesidad de jerarquizar el rol del juez y dotarlo de una mayor proactividad. “Necesitamos jueces más activos, aunque las partes no le muevan el expediente. Si hay personas menores de edad, con discapacidad, en situación de vulnerabilidad, el juez debe tomar ese expediente, aunque el abogado no se mueva. Estas cosas no ocurren en el proceso civil y comercial. Por eso es necesario separar la parte civil de la familiar”, señaló.

A la vez, hizo especial hincapié en la generación de equipos interdisciplinarios que acompañen la labor de cada juzgado. Explicó que su intervención es propia de un proceso familiar al garantizar los derechos del niño, niña y adolescente como los de las personas vulneradas.

En otro orden, la especialista advirtió que además de la implementación de una nueva norma procesal, también se requiere de un fuerte compromiso de parte del recurso humano para mejorar el servicio de justicia que se le brinda al ciudadano. Al respecto valorizó el compromiso con el cual se deben asumir los nuevos cambios para que la implementación de los nuevos códigos tenga el éxito previsto.

“Necesitamos gente que esté comprometida. Se pueden otorgar las mejores herramientas, pero si el recurso humano no está comprometido, el mejor código procesal no va a poder funcionar con éxito”, acotó Kemelmajer.