La oficina judicial penal fijó la fecha de la formulación de cargos contra 13 personas a las que la fiscalía de delitos económicos acusará de estar implicados en la estafa con planes sociales. La audiencia fue agendada para el 29 de noviembre a las 8.30 en la sala 12 de la Ciudad Judicial, informaron desde la OFiJu.

El fiscal Pablo Vignaroli señaló que "La ley procesal nos da un plazo de 60 días hábiles para realizar una investigación preliminar. Si bien no se han cumplido, hemos decidido formalizar la investigación a través de la formulación de cargos”. Al respecto anticipó que los hechos investigados se encuadran en dos delitos: asociación ilícita y estafas por uso de tarjeta de débito ajena.

El fiscal jefe afirmó que desde la unidad fiscal a su cargo “pudimos determinar la existencia de una organización en la cual hay personas que cumplen el mismo o distintos roles y que permanecen en el tiempo”. Luego precisó que había un grupo de personas “tenían un fin específico, que era el de reclutar a quienes luego terminaban como beneficiarios”.

El primer paso de la maniobra, describió el fiscal, era solicitar una copia del DNI a ese potencial beneficiario e incluirlo en una nómina, que podía ser de dos clases de subsidio: para personas desocupadas o para quienes estén en una situación social vulnerable. La persona reclutada debía concurrir al banco y firmar la documentación correspondiente a la apertura de cuenta, para luego entregar la tarjeta junto a las claves al reclutador o reclutadora. “Esta tarjeta era retenida por el reclutador, que también era extractor, o se entregaba a otra persona para que fuera extractor”, detalló Vignaroli.

Si bien por normativa bancaria, las filmaciones de los cajeros automáticos se resguardan por hasta 90 días, en este caso, el fiscal jefe indicó que se logró recuperar las filmaciones más allá de ese tiempo: desde enero a julio de 2022. “En esta primera etapa de la formulación vamos a limitar a ese período, porque es respecto de lo que tenemos información para formalizar la investigación”, señaló Vignaroli, que precisó para este rango de tiempo un perjuicio económico de aproximadamente 63.400.000 pesos.