El decreto 1073/23 de recategorizaciones VIP, que firmó la concejala Gabriela Gendana, fue una injusticia porque hubo funcionarios que se aprovecharon de sus cargos intentando beneficiar a familiares y a ellos mismos. Pero también fue injusto que, supuestamente se lo haya simplemente derogado, porque la concejala Gendana sintió afectado su buen nombre. (video de archivo)
Demás está decir que la concejala Gendana firmó la norma con pleno conocimiento de lo que hacía. Tenía clarísimo que su nombre estaba entre los recategorizados y que también aparecía el de su pareja. Sabía y lo hizo.
Si no hubiera ocurrido que la existencia del Decreto se hacía pública, estarían gozando de sus nuevas categorías y cobrando mejores sueldos. En el caso de Benjamín Juárez, con la máxima del escalafón. Ella, después de abandonar la banca de concejal, también.
Gendana agregó dos datos más: "Lo siento mucho por mis compañeros que van a quedar sin este beneficio", dijo. Si ella no hubiera intentado auto beneficiarse con el Decreto, tal vez la historia sería distinta.
Por otro lado, si a alguien le correspondía el beneficio estaban en todas las facultades de hacer justicia y darle el beneficio. Pero optaron por otra estrategia: si yo no, el resto tampoco.
No está cuestionada la posibilidad de otorgar categorías a empleados municipales. Está objetado que se otorguen categorías a "acomodados" políticos porque eso es injusto; y no dárselas a lo que se las merecen, también es injusto.
Eso, sin mencionar que no hubo ensayo de disculpas a la sociedad o amague de renuncia. Los descubrieron y no pasó nada.
