Neuquén – En una audiencia realizada ayer en la Ciudad Judicial, la asistente letrada Julieta González presentó un acuerdo pleno mediante el cual un varón, H.M.R, reconoció su participación en dos hechos y aceptó cumplir una condena en suspenso.
Los hechos ocurrieron en el ámbito de una comunidad mapuche ubicada en cercanías de la ciudad de Senillosa:
- El primero fue el 22 de junio de 2021 en la vivienda del imputado. Por la noche, H.M.R se encontraba junto a otras personas, quienes advirtieron que había metido a un gato en el interior de una estufa a leña. Fueron estas mismas personas las responsables de rescatar al animal de aproximadamente cinco meses de edad, que pertenecía al acusado. Luego fue trasladado a una veterinaria de la ciudad de Centenario, donde un veterinario certificó las heridas por quemaduras principalmente en la zona de su cabeza, que luego le causaron la muerte.
- El segundo ocurrió entre los meses de septiembre y noviembre de 2021 cuando H.M.R, sin la autorización de la comunidad y con la colaboración de terceros, extrajo áridos en varias oportunidades.
Los delitos que la representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó son hurto simple y ejercer actos de crueldad hacia los animales, ambos en calidad de autor (artículos 1 y 3 de la Ley 14.346, 162 y 45 del Código Penal).
El acuerdo comprendió también la imposición 11 meses de prisión de cumplimiento condicional y la obediencia de una serie de reglas de conducta: fijar domicilio, no cometer nuevo delito, no abusar del consumo de alcohol y no consumir estupefacientes, y no ejercer nuevos actos de crueldad animal.
El juez de garantías que estuvo a cargo de la audiencia de hoy, avaló el acuerdo presentado por las partes y, de esta manera, declaró la responsabilidad penal de H.M.R, fijó la condena y las reglas de conducta por el plazo requerido.
En la audiencia, Julieta González contó con la asistencia de la agente Verónica Vázquez.
La denuncia del hecho fue realizada mediante la aplicación AmVoz, desarrollada por el gobierno provincial con la colaboración del Ministerio Público Fiscal y el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, que permite realizar las denuncias por maltrato hacia los animales.
