El fiscal jefe Mauricio Zabala presentó un acuerdo de partes mediante el cual un varón reconoció que se hizo pasar por abogado y, aprovechándose de la vulnerabilidad de personas sometidas a procesos penales, estafó a los familiares.

Fue en dos casos: en el primero de ellos la defraudación ascendió a $292.000, mientras que en el segundo fue de $16.405.000.

El representante del MPF le atribuyó a Martín Alexis Lino haber cometido estafas entre junio y agosto de 2022 por un monto de $292.000 pesos, tras presentarse como abogado frente a las víctimas y cobrarles por sus servicios. De acuerdo con la teoría del caso que presentó el fiscal jefe una persona imputada por un hecho en el fuero penal y su pareja, tomaron contacto con Lino, quien les hizo creer que era abogado y que trabajaba con un reconocido letrado, por lo que contrataron sus servicios. Luego, Lino se reunió con ellos, les pidió dinero y le aconsejó a la persona imputada que no se presente a una audiencia de control de acusación. Tras no concurrir a esa audiencia, se decretó su rebeldía y esta persona fue detenida a los pocos días. Por este motivo, los familiares contactaron al otro letrado (con quien Lino supuestamente trabajaba) quien les dijo que Lino no era abogado, sino que era su cliente en una causa y quedó evidenciada la maniobra.

También le atribuyó haber cometido estafas entre junio y agosto de 2024, tras presentarse como abogado frente a las víctimas y cobrarles por sus servicios bajo la promesa de sacarlos de la cárcel. De acuerdo con la teoría del caso que presentó Zabala una persona con motivo de tener detenidos a dos hermanos, tomó contacto y contrató los servicios del acusado, quién dijo ser abogado. Lino se reunió con las dos personas condenadas y atribuyéndose ser matriculado, simuló asumir la defensa prometiéndoles obtener su libertad, para lo cual les cobró $4 millones más los gastos de cada una de las presentaciones judiciales que debía realizar. En principio les solicitó $1 millón para comenzar con los trámites, monto que la víctima y su hijo procedieron a abonarle en efectivo. Éste accionar derivó luego en sucesivos pedidos de dinero durante los meses de junio y julio hasta totalizar más de $16 millones. Para poder afrontar los pagos al supuesto abogado, los familiares de las personas que estaban detenidas incluso llegaron a endeudarse. El último engaño, en agosto de 2024, consistió en asegurarle a las víctimas que había realizado, en su representación, una demanda contra los antiguos abogados de los detenidos y que en el corto plazo cobrarían un resarcimiento por $88 millones, lo que les permitiría afrontar las deudas contraídas. Mediante ese ardid, que incluyó un llamado telefónico de parte de un falso fiscal, los alentó a tomar nuevos préstamos para afrontar los supuestos gastos que requería la libertad “con tobillera electrónica” de los detenidos. Las estafas terminaron cuando una persona con la que las víctimas se habían endeudado, les advirtió que Martín Alexis Lino no era abogado.

Los delitos que el fiscal jefe le atribuyó por estas conductas son: estafa en concurso ideal con usurpación de título, 2 hechos en concurso real y en carácter de autor (artículos 247, 172, 45 y 55 del Código Penal).

Tras escuchar el acuerdo presentado por las partes, la jueza de garantías Natalia Pelosso, que estuvo a cargo de la audiencia, lo avaló y declaró la responsabilidad penal de Lino.

Con la resolución adoptada por la magistrada, la Oficina Judicial deberá fijar dentro de los próximos días, la fecha para la realización de la audiencia de determinación de la pena. Debido a que la expectativa de pena es superior a 3 años e inferior a 15, deber deberá intervenir un tribunal colegiado.