El gremio docente neuquino emitió un comunicado en el que señala que "Rechazamos enérgicamente cualquier iniciativa que tienda a aplicar en nuestra provincial el Protocolo de la Ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich".
En concreto, la fiscalía abrió una investigación por el acampe de la semana pasada ante la Casa de Gobierno en Neuquén capital. Los investigados son: Soledad Urrutia, Lilian Velázquez Larroza, Luis Alberto Ramírez, María Diana Colitripay, Romina Gabriela Rosales, César Parra, Diego Mauro, Agustín Muñoz, Sabino López y Ana María Montoya.
El escrito gremial señala que "Ante la noticia de que el gobierno de la provincia habría denunciado penalmente a los dirigentes de las organizaciones sociales que realizaron medidas la semana pasada y que en el día de hoy se llevó a cabo un simulacro anti corte de calles con un centenar de efectivos policiales, desde ATEN... rechazamos enérgicamente cualquier iniciativa que tienda a aplicar en nuestra provincial el Protocolo de la Ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich".
"La utilización del aparato represivo del Estado para intentar disciplinar, frenar, contener o disuadir la protesta social, originada por las políticas de ajuste que golpean a los desocupados, cuentapropistas, trabajadores de la economía popular o trabajadores que reclaman por salarios y condiciones dignas de vida, es un retroceso en materia de calidad democrática e institucional y que pone en riesgo la vida de las personas", agrega.
El texto destaca que "Neuquén tiene una dolorosa historia de represiones y crímenes de Estado perpetrados en contexto de conflictos sociales. Los asesinatos como el de Teresa Rodríguez y el de Carlos Fuentealba no pueden repetirse".
"Rechazamos también la judicialización del conflicto social. Estos reclamos no los resuelve el Código Penal, ni la persecución a líderes sociales que representan justos reclamos por tierra, techo y trabajo. Nos solidarizamos con los compañeros denunciados por luchar", señala.
En otro párrafo asegura que "Los sectores que hoy impulsan estas medidas represivas a nivel nacional y provincial fueron los mismos que justificaron e intentaron jaquear a un gobierno constitucional en 2008, con cortes de ruta con tractores y camionetas 4X4. Son los mismos que durante la Pandemia se movilizaron cortando calles y pusieron en riesgos sus vidas y la de muchos otros. En esos momentos reclamaban la libre expresión, el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y la “libertad”. Hoy, que el reclamo es de los de abajo, profundizan la grieta y se erigen en custodios del libre tránsito y las buenas costumbres reprimiendo y encarcelando".
Finalmente, sostiene: "Llamamos al gobierno de la provincia a desistir de cualquier medida que criminalice, judicialice o reprima los conflictos sociales que atravesamos, producto del brutal ajuste que hoy se descarga sobre los sectores medios y bajos de la sociedad. Lo convocamos a extremar las instancias de negociación entre las partes y le reclamamos voluntad para atender la genuina demanda de alimentos para los comedores y refrigerios que ofrecen las organizaciones del territorio y trabajo. La crisis se resuelve con un Estado presente, que encuentre creativamente las soluciones que se le reclaman".
