El pasado miércoles, la escuela primaria N° 200, ubicada en el barrio San Lorenzo de Neuquén capital, fue escenario de un incidente que generó preocupación en la comunidad educativa. Un alumno de séptimo grado, de 12 años, ingresó a una clase de educación física portando un arma y, según los testimonios, la habría apuntado hacia estudiantes de cuarto grado. La situación fue rápidamente controlada por el profesor a cargo, quien intervino para reducir al joven y proteger a los alumnos más pequeños.

El hecho derivó en la presencia de personal policial y una ambulancia en el establecimiento. Posteriormente, padres y madres de los alumnos de cuarto grado manifestaron su inquietud ante la versión inicial que habría circulado desde la institución, sugiriendo una "descompensación" del alumno involucrado. Según denunciaron, sus hijos relataron al llegar a casa lo sucedido en la clase, contradiciendo esta versión. Además, señalaron que se habría indicado a los estudiantes no hablar sobre el tema.

Las familias también expresaron su preocupación por los antecedentes del alumno de séptimo grado. Mencionaron episodios previos de comportamiento violento, incluyendo una agresión con un ladrillo a otro niño que resultó en lesiones y pérdida dental. Asimismo, indicaron que existirían denuncias de amenazas con objetos punzantes y una conducta agresiva tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Las familias sostienen que el menor se encontraría en una situación de vulnerabilidad y sin contención familiar adecuada.

Ante esta situación, la comunidad educativa ha solicitado una respuesta urgente por parte del Consejo Provincial de Educación y la Defensoría del Niño. Padres y madres denuncian la falta de un seguimiento formal de los antecedentes de este alumno por parte de las autoridades escolares. Tras el incidente, las clases fueron suspendidas hasta el próximo miércoles, y las autoridades del establecimiento optaron por no emitir declaraciones públicas, cerrando los accesos a la prensa.

Los padres y madres exigen medidas concretas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los estudiantes y cuestionan la ausencia de acciones preventivas ante los antecedentes conocidos. Este caso ha puesto de manifiesto la preocupación de la comunidad educativa en relación al manejo de situaciones de riesgo y la protección de los menores en el ámbito escolar.