La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó este martes un comunicado en el que solicitó “la inmediata liberación” de los 16 de los 33 manifestantes que continúan detenidos desde que fueron detenidos la semana pasada durante la marcha contra la Ley Bases. (Somos Telam)
La central obrera acusó al gobierno que encabeza el presidente Javier Milei de llevar a cabo un intento de “criminalizar la protesta” y negó que los sectores que reclamaron en las inmediaciones del Congreso mientras se trataba esa norma buscasen hacer un golpe de Estado.
“La CGT manifiesta preocupación por los hechos acontecidos durante y después de la concentración del miércoles pasado en el Congreso Nacional y reivindica el derecho a la protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional (derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades, art 14bis) y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, indicó la CGT el día en que se realiza una movilización a Plaza de Mayo para pedir la liberación de los detenidos.
La central sindical que conducen Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE) y Pablo Moyano (Camioneros) planteó: “Resaltamos la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia, por ser la madre de todos los derechos humanos conseguidos y promovemos su ejercicio de forma pacífica y ordenada..
“Por ello repudiamos el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un golpe de Estado. Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes”, continuó el comunicado.
“En función de ello solicitamos la inmediata liberación de los detenidos”, sostuvieron y se mostraron confiados “en que la Justicia no se dejará manipular”.
Finalmente, requirieron al Poder Judicial “que investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico, que solo disponen el Ministerio de Seguridad y el de Defensa”.
