El Gobierno publicó el veto total del que Milei definió como “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales”. Cuáles son los fundamentos que detalla y cómo sigue la discusión rumbo al Presupuesto 2025. “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico”, habìa expresa el mandatario en un comunicado este martes.
Al día siguiente de la marcha federal en favor de un mayor presupuesto universitario y poco después de que el Gobierno lo confirmara a través de un comunicado difundido por la cuenta Oficina del Presidente, se conoció el veto presidencial a la Ley 27.757 sancionada por el Congreso, que introducía modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional.
El veto, publicado en el Boletín Oficial, lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona.
Inmediatamente después de concluida la masiva movilización universitaria, el Gobierno reafirmó “su compromiso con las universidades nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”.
“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”,había explicado el Presidente en un comunicado conocido poco antes de la publicación en el Boletín Oficial. Agrega el texto que el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025.
La razones
El texto describe inicialmente los alcances de la norma frenada, por considerar que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Citando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional recuerda que se debe exigir de forma expresa que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
La norma vetada pretendía garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio argentino durante el año 2024, como así también disponía que el Poder Ejecutivo actualizara las partidas presupuestarias del año 2024 con el fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales.
Recuerda además que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo”. Señala el texto que los artículos 3° y 4° del proyecto de ley implicarían para el Estado nacional, al mes de agosto de 2024, incrementar el presupuesto vigente por la suma de $251.907.500.000 en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” del Servicio 330 “Secretaría de Educación”, sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio.
Respecto de la recomposición de los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional encomendada por el artículo 5º del proyecto de ley al Poder Ejecutivo Nacional, el crédito vigente para la ejecución de las actividades 12 y 13 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” “resultaría insuficiente para atender lo previsto por el proyecto de ley en examen”.
Según el veto, la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000.
Para el Gobierno, “se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto consistiría en un total de $1.516.944.675.060.
Además, el Gobierno dice que la recomposición salarial para el personal de las entidades de educación representó un incremento del orden del87 % por el período comprendido entre diciembre 2023 y agosto 2024, y en términos comparativos con el resto del personal de la administración pública nacional se aprecia que dicho porcentaje se ubica en el78 %, mientras que la variación porcentual acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INDEC para ese período alcanza un 144%.
Asimismo la vigencia de esta ley establecería, según el Gobierno, “un privilegio” para el personal de las universidades nacionales respecto del resto del personal de la administración pública nacional, por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo.
