En una medida que genera fuerte preocupación en el ámbito periodístico, el Gobierno Nacional implementó drásticas restricciones para el acceso y la labor de los trabajadores de prensa en Casa Rosada. A través de la Resolución 1319/2025, firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se establece un nuevo marco que incluye el derecho de admisión discrecional, la reducción de acreditaciones y límites a la circulación y el trabajo en la sede del Poder Ejecutivo.

La decisión surge inmediatamente después de un notorio contrapunto entre un periodista acreditado y el ministro Luis Caputo durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Esta secuencia parece haber sido el detonante para la aplicación de un dispositivo que, según denuncian diversos sectores, "recortará aún más el derecho a la libertad de prensa y el ejercicio de la profesión".

Entre las principales modificaciones introducidas por la resolución, se destaca que el vocero presidencial se reserva ahora el derecho de admisión para decidir quiénes pueden ingresar a las salas de prensa y asistir a las conferencias. Esta atribución, considerada por muchos como una herramienta para el control de la información, abre la puerta a un sistema donde la permanencia de un periodista en Casa Rosada podría depender de criterios subjetivos o de la complacencia con el oficialismo.

Además del poder de veto de Adorni, la normativa establece nuevas "reglas de convivencia", que, en la práctica, se traducen en restricciones en la cantidad de acreditaciones y en los límites para circular y trabajar dentro de Casa de Gobierno. Esto implicaría una menor presencia de reporteros en los pasillos y áreas comunes, dificultando la posibilidad de realizar preguntas informales o de obtener información de primera mano fuera de los rígidos formatos de conferencia.

Otro punto de alarma es la potencial implementación de un sistema discrecional de castigos y moderación de preguntas a funcionarios. Aunque la resolución no detalla explícitamente los mecanismos, la percepción general es que se buscará evitar cuestionamientos incisivos o incómodos, estableciendo un filtro sobre el contenido de las interacciones entre prensa y gobierno.

Desde diversas organizaciones de prensa y derechos humanos, ya se expresan alertas sobre el impacto de estas medidas en la transparencia y el acceso a la información pública. "Es un retroceso claro para la democracia", afirmó un referente del periodismo, quien prefirió mantener el anonimato. "Se busca generar un cerco informativo y limitar la fiscalización del poder a través de la prensa".

Este nuevo escenario en Casa Rosada plantea un desafío significativo para la labor periodística, en un contexto donde el Gobierno del presidente Javier Milei ha mostrado en repetidas ocasiones una postura confrontativa con los medios de comunicación. La aplicación de la Resolución 1319/2025 marcará, sin duda, un antes y un después en la relación entre el poder ejecutivo y la prensa en Argentina.