La Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios expresó su "preocupación" y se declaró en "alerta" ante la falta de pago por parte del gobierno provincial de los fondos correspondientes a la Ley 3359 para el primer trimestre de 2025 (enero, febrero y marzo). Los bomberos denuncian que el plazo para este abono "ya se ha vencido con holgura" sin una fecha precisa de depósito, lo que "resiente considerablemente la capacidad operativa" de los cuarteles.
La normativa en cuestión prevé la asignación de fondos cruciales para el funcionamiento, la compra de equipamiento y la indumentaria adecuada de los servidores públicos. La Federación alerta que esta demora afecta directamente a los 28 cuarteles que protegen a comunidades y zonas de influencia en toda la provincia.
Los bomberos remarcan que esta situación no es nueva, sino que se suma a un "sistemático atraso en el pago" desde la aprobación de la Ley 3359, una problemática que persiste "independientemente del color político de los gobiernos de turno". Lamentan que las promesas de mantener al día las obligaciones "caen en saco roto".
"En cercanías del 2 de junio, fecha en que se celebra el Día del Bombero Voluntario Argentino, notamos la desidia de funcionarios que no valoran en su real dimensión la tarea de hombres y mujeres que cada día se brindan desinteresadamente al servicio del prójimo", reza el comunicado de la Federación.
Desde la entidad, subrayan que los bomberos voluntarios "suplen al Estado en una responsabilidad mayúscula" como la protección de bienes y vidas, incluyendo el patrimonio territorial de la provincia, recordando la reciente lucha contra los incendios cordilleranos.
"A quienes ocupan cargos públicos y tienen responsabilidad en la decisión de cumplir con la ley, les decimos que agradecemos los aplausos y vítores que se encargan de enviar a los profesionales voluntarios por los medios de comunicación, pero que con eso lamentablemente no alcanza para mantener y equipar a un cuartel", sentenciaron.
Finalmente, la Federación apeló a la "conciencia" de los responsables de dar cumplimiento a la normativa para que se normalice el pago de la ley, buscando evitar "medidas drásticas que pongan en riesgo a los neuquinos".