La reciente incursión de Mirgor, empresa de Nicolás "Nicky" Caputo, en tareas de apoyo al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), ha generado profunda preocupación. Expertos advierten sobre una posible militarización encubierta y una privatización de funciones estatales en el continente blanco, contraviniendo el espíritu del Tratado Antártico.

Esta situación se da tras la visita del almirante Alvin Holsey (Comando Sur de EE. UU.), quien exploró en Ushuaia la posibilidad de una base naval y un centro logístico con proyección antártica, justificados por el monitoreo de la influencia china. Sin embargo, el Tratado Antártico prohíbe actividades militares no ligadas a la ciencia y destina el continente a fines exclusivamente pacíficos.

La colaboración de Mirgor —prestando aviones y recursos— es vista como una apropiación de responsabilidades estatales, y sus donaciones a las Fuerzas Armadas plantean interrogantes sobre la influencia privada en decisiones estratégicas antárticas.

La Dirección Nacional del Antártico (DNA), organismo civil responsable, es señalada por su "actitud pasiva" y "ausencia de liderazgo". Diplomáticos alertan que esta debilidad compromete la posición argentina en foros internacionales y el cumplimiento del Tratado.

Además, los acuerdos con privados se basan en decretos sin aval del Congreso ni evaluaciones ambientales, lo que reduce la transparencia y el control. En este escenario, Mirgor y las Fuerzas Armadas fortalecen su posición en detrimento de la conducción civil del Estado.