El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, convocó hoy a una reunión crucial a sus pares Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz para las 16 horas en el Palacio de Tribunales. El objetivo es definir el futuro de la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad.
Fuentes judiciales adelantaron a Infobae que Rosatti, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el artículo 84 del Reglamento para la Justicia Nacional, busca abordar el caso que mantiene en vilo a la política argentina.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el caso que investigó las obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Esta condena fue confirmada por la Cámara de Casación y ahora el máximo tribunal del país debe expedirse sobre las apelaciones presentadas por las partes involucradas.
Aunque la resolución aún no ha sido firmada, las especulaciones apuntan a que la Corte podría rechazar los recursos y confirmar así las decisiones de las instancias inferiores.
Mientras tanto, la expectativa política es alta. Anoche, Cristina Kirchner encabezó un acto en el Partido Justicialista donde anticipó: "Estar presa es un certificado de dignidad".
Este martes, la vicepresidenta regresó a la sede del PJ, que preside, para reunirse con legisladores de Unión por la Patria. En el acceso al histórico edificio, una considerable cantidad de militantes se congregan a la espera de novedades por parte de la Justicia.
La causa Validad, tuvo sus vaivenes. Una parte fue enviada inicialmente a Santa Cruz, algo que después CFK remarcaría para defenderse, señalando que no podía ser investigada y que el caso había sido cerrado. Pero la respuesta que tuvo en las distintas instancias judiciales a ese planteo fue que ella no había sido imputada en el expediente provincial y por lo tanto no se podía hablar de un doble juzgamiento.
En los Tribunales de Santa Cruz, la denuncia fue cerrada por inexistencia de delito.
También, la defensa de CFK, citó el informe de Auditoría. En abril de 2016, meses después del cambio de gobierno nacional, Javier Iguacel, que estaba al frente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, formuló una denuncia más amplia y con más datos sobre las rutas en Santa Cruz. La denuncia de Iguacel se basó en el informe de avance de “Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23° Distrito Santa Cruz”, elaborado por la unidad de auditoría interna de la DNV.
El último ítem de es reporte reza: "Conclusiones generales". "Los hallazgos descriptos ponen de manifiesto las siguientes particularidades vinculadas a la gestión de las obras viales ejecutadas en la provincia de Santa Cruz en los últimos años".
El informe las enumera: "concentración de obras en un único grupo de empresas" (pertenecientes a Lázaro Báez); "no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse"; "los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras".
La auditoría destaca como aspectos problemáticos que buena parte de la obra pública kirchnerista en la provincia fue acaparada por el Grupo Austral, que pertenece a Báez. Esa empresa concentró 51 obras sobre 83. Además, el estudio informa que el Grupo Austral cobró por las obras con menos demora que otras empresas. En ninguna hoja del informe hay una sola referencia a la existencia de sobreprecios en alguna obra. Por último, Vialidad advierte que Santa Cruz fue la provincia más favorecida por la intervención estatal, solo por debajo de Buenos Aires.
Según la presentación judicial de 2016 en ese informe se había determinado que entre 2003 y 2015 se habían concentrado las obras en esa provincia, delegado funciones de la DNV en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) -comitente en cada una de las contrataciones- y concentrado obras en un único grupo de empresas: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”. Volvían a aparecer los nombres de algunas de las empresas denunciadas por Carrió en 2008. Pero esta vez con informes concretos sobre cada una de las 51 obras entregadas a Báez.
Entre los informes difundidos, se encuentra un trabajo que da cuenta de números totales sobre la inversión pública entre 2003 y 2015. Las cifras permiten relativizar el rol que desempeñó Báez en el período. Según ese estudio, el Grupo Austral ocupa el lugar 38 en el ranking de empresas que se adjudicaron obras en los últimos 12 años. Los primeros lugares son ocupados por Techint (Paolo Rocca), Electroingeniería, IECSA (Ángelo Calcaterra) y Grupo América (Eduardo Eurnekian). Todos ellos multiplican por varias veces lo invertido por Báez.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques impulsaron la indagatoria de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un grupo de ex funcionarios. Aludieron a un “plan sistemático” implementado para “favorecer a Lázaro Báez”. Y afirmaron que los involucrados intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública, se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.
El 27 de diciembre de 2016, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos. El fallo fue confirmado en septiembre de 2017 por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. Casación rechazó los planteos de la defensa. El 2 de marzo de 2018, el caso fue elevado a juicio oral.
Después de idas y vueltas, en donde hasta la Corte Suprema pidió el expediente, el Tribunal Oral Federal 2 comenzó el juicio en mayo de 2019. Esa semana, CFK anunció que había decidido elegir a Alberto Fernández para que fuera presidente en una fórmula con ella que iría de vice.
Durante, los juicios, CFK pidió llamar a declarar al hoy Procurador del Tesoro Rodolfo Barra que, antes de convertirse en funcionario de este gobierno, había hecho un análisis a su favor en torno a su vinculación con las obras concedidas a Lázaro Báez.
