En una audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso Natalia Rivera acusó a un varón, F.C, por amenazar y privar de la libertad a quien era su pareja. El hecho ocurrió en la ciudad de Chos Malal.
La fiscalía le imputó el delito de privación ilegítima de la libertad calificada, en concurso ideal con el delito de coacción; en concurso real con amenazas simples; lesiones leves agravadas y desobediencia a una orden judicial (artículos 142 inciso dos, último apartado, 149 bis último apartado, primer párrafo, artículo 92 en función del 89, 80 inciso uno y once, 239 y 45 del Código Penal).
Como medida cautelar la fiscalía requirió que se imponga una consigna y un acompañamiento policial permanente por el plazo de 30 días, “a los fines de aminorar los riesgos procesales de entorpecimiento y de integridad para la víctima”, indicó Rivera. Agregó que al finalizar el plazo, la fiscalía va a evaluar si prorroga la medida o solicita una cautelar más gravosa.
La teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal son los hechos ocurridos entre enero y marzo de este año:
El primer hecho ocurrió entre el 25 y 27 de enero, entre las 11 y 13:10 en una vivienda ubicada en la ciudad de Chos Malal. La fiscal explicó que el imputado y la víctima retomaron la relación de pareja y el 25 de enero, éste la invitó a su casa. Luego cerró las puertas con llave, le impidió salir y la amenazó. Además le retuvo el celular y la agredió verbalmente. Rivera indicó que la privación de la libertad se mantuvo hasta el 27 de enero, cuando la mujer pudo escapar, aprovechando que el imputado fue a comprar. Luego, el acusado alcanzó en el camino a la mujer y “le pidió que no lo deje” .Posteriormente continúo la persecución con un amigo y filmaba cuando la víctima corría en busca de ayuda.
El segundo hecho ocurrió entre el 1 de enero y el 25 de enero; el imputado amenazó a la mujer con matarla. Las amenazas fueron reiteradas en el tiempo desde que retomaron la relación: “en varias ocasiones, el imputado le mostraba un arma de fuego”, relató Rivera.
El tercer hecho ocurrió entre el 1 y el 25 de enero en el domicilio de la víctima. El imputado se tiró arriba de la víctima y la mordió en la cara. La mujer le pidió que se retire y ante la negativa, salió en busca de ayuda.
Por último se le atribuyó que el 13 de marzo, el imputado llamó a la víctima al menos 3 veces, “desobedeciendo la disposición de la jueza de familia, quien le prohibió comunicarse con la mujer”, detalló la fiscal.
El juez de garantías Mario Tommasi dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Asimismo el magistrado le impuso por el mismo término la prohibición absoluta de acercamiento con la víctima a menos de 200 metros. Así como también estableció la prohibición de amedrentarla, de ejercer actos de violencia y de tener contacto por cualquier medio con la víctima.
