Varios lectores de este medio enviaron sus facturas de telefonía celular desde el mes de febrero al de junio mostrando la evolución de los costos que abonan mensualmente. Uno de ellos, pasó de pagar en febrero 14.865 pesos a 33.560 en junio.
Los planes son todos de la empresa Movistar. Según informaron los cinco involucrados, se mantuvieron inmodificables en todo el periodo de análisis.
Otro, que tenía un plan de menores prestaciones pasó de abonar 4.362 pesos en febrero a 9.750 en junio. En definitiva, los incrementos de las tarifas fueron superiores al 100% en estos 5 meses.
Este vecino, envió también la factura de diciembre cuando pagó 3.780 pesos.
Otro abonado, que tenía una tarifa de 7.660 pesos en febrero, tiene que pagar 17.300 por el mes de junio.
Este medio, recibió varias facturas y resolvió tomar 4 de distintos precios, es decir de distintos planes para poder realizar la comparación.
Cabe recordar que el gobierno nacional emitió, a través del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), una Resolución que eliminó todas las regulaciones que le ponían tope a las tarifas de internet, celulares y cable. El límite permitía subas solo del 5% y de hasta el 10% mensual.
El gobierno de Alberto Fernández había emitido el DNU 690/2020 que declaró a los servicios TIC como "públicos esenciales y estratégicos", y estableciendo que el Enacom podía regular sus tarifas.
La administración Milei emitió ahora el Decreto de Necesidad y Urgencia 302/2024 por el cual, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios , para "salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia".
En la resolución detallan que tal como surge del DNU N° 302/2024 “los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente” y que “el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”.
