La fiscal del caso de Zapala, Marina Díaz, ordenó la clausura por 24 horas de tres desarmaderos que, ubicados en las afueras de la localidad, forman parte de una investigación que desarrolla la Policía Federal Argentina.
De acuerdo con la investigación, ninguno de los predios cuenta con la habilitación correspondiente para funcionar. Se secuestraron registros, un teléfono y documentación; se identificó a quienes se encontraban en cada lugar y tres personas quedaron sujetas a la investigación. Además, en una de las instalaciones se encontró un arma y durante la mañana de hoy continuarán las tareas de toma de muestras de suelo para realizar pericias ambientales.
En los pedidos de autorización de los allanamientos, Díaz consignó que “los tres desarmaderos detectados poseen gran cantidad de rodados en estado de desarme y proceso de desguace, infringiendo claramente las normas correspondientes a la Ley de desarmado de automotores y venta de sus autopartes (Ley 25.761)”.
Además, en coordinación con la unidad fiscal de Delitos Ambientales a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, durante la jornada de hoy se tomarán muestras en cada locación para verificar una posible contaminación de los suelos, producto de la actividad. “Todas las autopartes se encuentran en contacto directo con el suelo, sin contar con las medidas de seguridad necesarias que eviten el derrame de hidrocarburos peligrosos, infringiendo a este respecto la ley de residuos peligrosos (Ley 24.051), precisó la fiscal del caso.
Los operativos comenzaron ayer y continuarán hoy, con la participación de la fiscal de Zapala. Estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal y de la dirección de Investigaciones Federales del área especializada en desarmaderos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Tras los allanamientos no hubo detenidos, pero se tomaron muestras y se realizaron secuestros en el marco de la investigación por desarme ilegal de automotores y uso ilegal de sus autopartes (artículo 13 de la Ley 25.761) y contaminación del suelo (artículo 55 de la Ley 24.051). Tres personas –los propietarios de cada desarmadero- quedaron sujetas a la investigación.
Las clausuras ordenadas por la fiscal Díaz se realizaron con el objetivo de concretar la recolección de muestras y de garantizar el desarrollo de los allanamientos. Además, todas las autopartes fueron secuestradas y quedaron a cargo de los propietarios de los predios, que si bien son depositarios judiciales de los bienes, no podrán disponer de los mismos.
