Acusan a Ana Clara Pérez Ballester de no cumplir con los deberes a su cargo y no adoptar "las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño", por otorgarle en 2020 la tenencia del niño a su madre Magdalena Espósito Valenti.

Diputados del oficialismo y de la oposición de la provincia de La Pampa presentaron dos pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por su intervención en el proceso para otorgarle en 2020 la tenencia de Lucio Dupuy a su madre Magdalena Espósito Valenti, quien fue condenada al igual que su pareja, Abigail Páez, por haber asesinado a golpes y patadas al niño de 5 años.

La primera de las denuncias por mal desempeño de las funciones de la magistrada fue presentada por los diputados del PRO La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, mientras que después del mediodía hicieron lo mismo los diputados del bloque del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), quienes entregaron el pedido de jury en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia.

"Hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo", explicaron los diputados Ardohain y Trapaglia en un comunicado.

Para los diputados del PRO, la jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico, Pérez Ballester, debe explicar por qué "no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio"; "no se informó, ni se citó a testigos"; "no se escuchó al menor"; "no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales"; "no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental"; ni explicó el "cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa".

El pedido fue acompañado por los diputados Matías Traba y Eduardo Peppa, integrantes del bloque Propuesta Federal que comparten con los diputados del PRO.
Por su parte, Pablo Rodríguez Salto, uno de los abogados defensores de la magistrada, dijo a Télam que van a "mostrar con claridad que la jueza no actuó mal".

"Leyendo los procesos, uno entiende que cuando ella tomó la decisión, no había indicio alguno de violencia", destacó el letrado.

Los cuestionamientos al accionar de la jueza
El pedido de juicio político busca establecer los motivos de "la atribución del cuidado personal del niño Lucio Abel Dupuy a su progenitora" que "derivó en los malos tratos y consecuente muerte del niño".

"La magistrada hoy denunciada omitió, en una sucesión de oportunidades procesales, el cumplimiento de deberes a su cargo, deberes que implicaban adoptar las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño, el cual debe estar presente en toda actuación de este tipo", afirmaron los denunciantes.

Y agregaron que "no se observa que en el expediente (de la tenencia) se haya ordenado la realización, por ejemplo, de un informe socioambiental, o se haya recabado la comparecencia de testigos, como medidas básicas para determinar las condiciones de vida a las que se enfrentaba Lucio Dupuy a partir del cambio de residencia y cuidadores".

"También se observa, por ausencia de constancia procesal alguna al respecto, que el niño fue privado de su derecho a la escucha", explicaron y añadieron que "no menos grave" es que "no se notifica ni trae a juicio al progenitor del niño".

"En este aspecto es necesario tener en cuenta que el cuidado personal es una de las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental y que ésta les compete a ambos progenitores por igual", consideraron en la denuncia.

Y por ello es que los diputados Ardohain y Trapaglia entendieron que "dicha intervención, debió materializarse entonces a través de una citación formal ordenada por el tribunal interviniente, la que al ser omitida implica que el cuidado personal fue dirimido sin intervención de una de las partes necesarias en el mismo, pudiendo afirmarse que se tramitó directamente a espaldas del padre del niño".

Luego, el justicialismo comunicó que también realizó una presentación formal de un pedido de jury "en los términos de la Ley 313, a efectos de que se inicie una investigación respecto de la actuación de la Jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico con motivo de determinar sus responsabilidades producto de su desempeño en el marco de denominado caso Lucio".

En un comunicado de prensa, los diputados oficialistas señalaron que no realizarán manifestaciones mediáticas individuales, "ya que la gravedad y trascendencia de los hechos en cuestión ameritan que el tratamiento de los mismos sea exclusivamente por la vía institucional correspondiente, siempre procurando la búsqueda de la verdad sin revictimizar a la familia del menor".
Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa a causa de las lesiones que le provocaron su madre Espósito Valenti y su pareja Páez, a quienes ayer el Tribunal de Audiencia, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Andérs Olie y Daniel Sáez Zamora, declaró culpables por "homicidio triple y doblemente agravado".

Además, a la pareja de la madre la condenó por abuso sexual, con acceso carnal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años.