"Venimos a hablar en nombre de 12 millones de niños y adolescentes que habitan nuestra patria. Soy la defensora de una institución pública de derechos humanos, autárquica, autónoma, independiente y con amplias facultades jurisdiccionales", sostuvo la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.

La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, manifestó su preocupación por la derogación de la movilidad jubilatoria trimestral a la que está atada la AUH y las asignaciones familiares y aseveró que "las políticas económicas nunca son neutrales en sus consecuencias sobre los derechos del niño", durante el debate sobre el proyecto de la Ley de "Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos" que se analiza en un plenario de comisiones de la Cámara baja, se informó.

"Venimos a hablar en nombre de 12 millones de niños y adolescentes que habitan nuestra patria. Soy la defensora de una institución pública de derechos humanos, autárquica, autónoma, independiente y con amplias facultades jurisdiccionales", sostuvo la funcionaria que asistió al recinto junto al defensor adjunto del organismo, Facundo Hernández.

Graham enfatizó, en la reunión antes las comisiones de este martes, que su organismo tiene "la misión de cumplir con los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley Nacional 26.061.También en las observaciones generales que emite este comité al cual debemos rendir como República Argentina en el 2024 nuestro informe que se rinde cada cinco años".

En este sentido, la funcionaria citó la Observación General número 5 del Comité de los Derechos del Niño que expresa que "las políticas económicas no son nunca neutrales en sus consecuencias sobre los derechos del niño, el Comité expresa su profunda preocupación por los frecuentes efectos negativos que tienen sobre los niños los programas de ajuste estructural y la transición a una economía de mercado".

Si bien la funcionaria destacó la importancia del aumento del 100% para la AUH y del 50% en la Tarjeta Alimentar, asentó su preocupación por "la derogación de la movilidad jubilatoria trimestral a la cual está atada automáticamente la AUH y las asignaciones familiares, que nos son ni planes ni programas, son derechos a la seguridad social que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes en virtud del artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño".

En consecuencia, "venimos a pedir que se mejore esa actualización trimestral porque, si no, la inflación va a licuar cualquier aumento. Por eso le pedimos a esta Cámara y al Senado que prevean la posibilidad de mantener e incluso mejorar el aumento automático de esta prestación de seguridad social y sostener políticas que garanticen el precio accesible de los alimentos".

La Defensora presentó observaciones referidas a la educación: "La escuela es un factor de protección donde se aprende y se enseña. Ahí los chicos dicen lo que no dicen en la casa".

Y agregó que "la escuela es mucho más que un espacio para aprender, y no solo es la puerta de acceso a otros derechos como la alimentación, la detección y prevención de violencias, la socialización y recreación. Es un factor de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y es por eso que la presencialidad en el espacio escolar es insustituible. En tal sentido advertimos que lo previsto en el art 550 del Proyecto de Ley sobre educación híbrida atenta contra el derecho a la educación consagrado para todas las niñas, niños y adolescentes".

"El endurecimiento del sistema penal resulta regresivo en materia de derechos humanos de la población de adolescentes y torna al Estado pasible de responder internacionalmente por ello"
Marisa Graham

Por último, Graham se refirió al título tercero de Seguridad y Defensa, y expresó preocupación por "la reforma al artículo 194 y la creación de un 194 bis", y señaló que "en la técnica legislativa" no tienen nada que ver en el medio de esos artículos porque hablan de la seguridad interior.

"Esa propuesta extiende la respuesta del sistema penal a situaciones donde niños y adolescentes por el solo hecho de ejercer su derecho a participar o a manifestarse pueden ser procesados o privados de libertad cuando el imperativo jurídico es que el reproche legal a conductas de chicos debe ser la última ratio por el menor tiempo posible y por situaciones menores excepcionales", sostuvo la funcionaria.

Y remarcó: "Nos preocupa mucho nuevos tipos penales para nosotros demasiados abiertos que también incluye un 194 bis y dice 'el hecho de encontrarse una persona menor de 13 años sin adulto responsable en peligro inminente a su integridad física y que deberá recurrirse a la autoridad que lo encuentre en esa situación. Esto es atrasar 100 años y volver a la Ley Agote de 1919. Tenemos que reconocer la autonomía progresiva de niños y niñas".

"El endurecimiento del sistema penal -aumentando la escala penal y creando tipos penales nuevos y abiertos- resulta regresivo en materia de derechos humanos de la población de adolescentes y torna al Estado pasible de responder internacionalmente por ello", advirtió.

La Defensora expresó la necesidad de que el régimen penal juvenil se adecúe a estándares internacionales: "La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y su jerarquización al integrar el bloque constitucional de Derechos Humanos obliga al Estado Argentino a ajustar la normativa interna a dichos estándares. Es necesario promover el debate de una justicia juvenil para adolescentes infractores a la ley penal que sea respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos con la protección especial que los Estados deben garantizar a las niñeces y adolescencias", concluyó.

Por su parte el Defensor adjunto, Facundo Hernández, expresó su preocupación por "la eliminación de la Ley de Mil Días y la unidad ejecutora. La reforma es regresiva y esto va a ser aún peor. Hay que implementar en su totalidad la ley de salud mental", finalizó.

Ambos funcionarios repartieron en el recinto, y a todos bloques, un documento preparado con "las defensorías provinciales sobre nuestras observaciones técnicas y algunas preocupaciones que nos genera tanto el DNU como la ley que estamos discutiendo", concluyó Graham.