La Cámara de Diputados aprobó cinco leyes en general y votó de manera favorable la designación de dos jueces y tres defensores que se desempeñarán en el Poder Judicial. Así lo dispuso hoy durante la 16° sesión ordinaria del cuerpo que presidió la vicegobernadora Gloria Ruiz. En la ocasión votó por mayoría la normativa que habilita la concreción de convenios público-privado para el desarrollo de consorcios urbanísticos sociales y de igual forma se expresó respecto al marco general de Cambio Climático para favorecer la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y disminuir los índices de desertificación que presenta la provincia.

Durante la reunión, el cuerpo aprobó por unanimidad la iniciativa que instituye cada 22 de septiembre como el “Día provincial del pastor evangélico”; la normativa que incorpora capellanías en sedes de la policía provincial para contener y acompañar a agentes que se desempeñan en la fuerza y, la ley que obliga a los conductores alcoholizados a tener que cubrir los gastos que le ocasionen al Estado en caso de provocar un accidente vial.

Respecto a esta última normativa, desde el MPN, el legislador Gerardo Gutiérrez especificó que se trata de una iniciativa que busca principalmente concientizar a la ciudadanía respecto al riesgo que significa conducir un vehículo tanto en estado de ebriedad como bajo los efectos de un estupefaciente. Recordó que se trata de conductas que ocasionan la mayor cantidad de siniestros viales, accidentes que luego ningún seguro cubre y que le generan al Estado un costo en materia de atención sanitaria que, si se cumple con las normativas de tránsito, podría evitarse.

En tanto, al debatirse la iniciativa que habilita la posibilidad de efectuar convenios entre el Estado y privados a través de la figura de consorcios urbanísticos, el diputado Claudio Domínguez (MPN) explicó que a la fecha esta metodología se circunscribe únicamente a un acuerdo entre privados pero que la sanción de la normativa le permitirá a la provincia o a cualquier municipio poder avanzar en convenios en los cuales una de las partes pueda ofrecer tierras para que la otra aporte desde financiamiento hasta la capacidad operativa para la instalación de servicios básicos como luz, cloacas o agua.

Domínguez destacó que se trata de una herramienta que le permite al Ejecutivo provincial o municipal poder reducir el déficit habitacional que en la actualidad presenta la provincia e indicó que tiene una utilidad aún mayor en aquellas localidades en las cuales el gobierno local carece de tierras públicas dentro de su ejido para avanzar en proyectos urbanísticos y, a partir de la sanción de la norma, puede asociarse a un privado con un terreno a su nombre pero que carece de recursos para emprender un loteo con servicios.

En contra de la normativa se expresó desde el PTS-FIT-U, Andrés Blanco, quien se refirió a la posibilidad de expropiar terrenos improductivos para beneficiar a familias que carecen de la posibilidad de acceder a una vivienda propia. En ese sentido, también consideró necesario impulsar un relevamiento de tierras ociosas.

Respecto a la ley de Cambio Climático, la iniciativa establece parámetros y objetivos destinados a la mitigación del cambio climático, entre las que se destacan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el incremento de sumideros de carbono y mejoras para hacer más eficiente su capacidad de absorción.

De igual modo, establece criterios para asistir en la transición hacia energías renovables y más limpias que toma como base la incorporación de técnicas propias de la eficiencia energética. La ley también hace especial mención a las instancias de recopilación, sistematización y generación de datos que permita generar un mapa de riesgo climático, inventarios de gases de efecto invernadero y estudios de variabilidad climática vinculados a escenarios de emisiones.

Al oficiar de miembro informante, la legisladora Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) afirmó la necesidad de coordinar esfuerzos entre los distintos organismo del Estado, la sociedad civil y el sector privado para mitigar los diferentes factores que afectan al medioambiente. Por su parte, Paola Cabeza (MPN) defendió la necesidad de avanzar en un modelo de gestión sustentable que apunte tanto a la reducción de la huella de carbono, la implementación de un plan de transición hacia un mayor porcentaje de uso de energías renovables y la aplicación de políticas de tratamiento que permitan reducir la contaminación que generan los residuos sólidos urbanos.