La comisión de Asuntos Laborales aprobó por mayoría un despacho para requerir al poder Ejecutivo que no devuelva los salarios correspondientes a los días de huelga que lleva adelante el gremio docente. Así lo definió luego de una extensa discusión en la cual se mencionó la posibilidad de arbitrar una instancia de consulta popular vinculante para declarar la educación como servicio esencial, la interna sindical, los días de clases perdidos en la escuela pública, las deficiencias en materia de infraestructura escolar y los cambios introducidos en la reglamentación por parte del Ejecutivo provincial en materia de licencias para que el gremio ATEN levante la medida de fuerza.
La iniciativa de resolución tuvo el acompañamiento de los bloques DC-Comunidad, Arriba Neuquén, MPN, Juntos por el Cambio-UCR, Avanzar, Cumplir y PRO-NCN. En tanto que PTS-FIT-U, FIT-U y Unión por la Patria expresaron su rechazo y propusieron una iniciativa en sentido opuesto que no alcanzó los ocho votos requeridos para ser debatida en el recinto.
Al inicio del debate, el legislador Claudio Domínguez (MPN) se pronunció a favor del descuento de días y advirtió que, en caso de ceder, el Ejecutivo provincial estaría “subsidiando la huelga”. Lo dijo luego de explicar que el propio gremio ATEN rechazó un propuesta en la cual el propio gobierno dejaba sin efecto parte de la legislación que hacía referencia a las licencias a las cuales podía acceder el personal docente que ejercía suplencias una vez reincorporado el maestro o maestra titular del cargo.
Sobre este punto, atribuyó la falta de resolución del conflicto a una interna gremial que tiene de rehén a los alumnos y alumnas. En ese sentido, propuso implementar un sistema de control de asistencia tecnológico que no dependa directamente de un director de escuela y adelantó la necesidad de llevar a cabo una consulta popular para que la ciudadanía se exprese respecto a la importancia de declarar servicio esencial al sistema educativo.
Desde el PTS-FIT-U, Andrés Blanco recordó que fue la propia Cámara de Diputados la que desató el conflicto con los docentes al imponer un régimen de licencias que afectaba derechos laborales de trabajadores que ejercían suplencias. “Esta Cámara originó el conflicto a partir de un proyecto que se discutió y se votó en menos de una semana”, sostuvo el legislador al denunciar que a través del mismo, el Estado intenta ocultar el déficit en materia de infraestructura e inversión que adolecen las escuelas neuquinas.
Por su parte, Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) definió como un contrasentido la decisión de continuar una medida de fuerza cuando la reglamentación propuesta por el Ejecutivo en la mesa de negociación “diluyó” el alcance de las medidas que en materia de licencias incorpora la ley 3447.
Añadió que el tema de las licencias no se encontraba fuera del debate de la agenda pública al indicar que para la actual gestión “el ausentismo es un tema a solucionar”. En ese sentido, expresó que se debe implementar la consulta popular vinculante para que la ciudadanía defina si la educación debe convertirse en un servicio esencial y estratégico en Neuquén.
A su turno, Yamila Hermosilla (DC-Comunidad) indicó que el derecho a huelga se encuentra garantizado en la provincia, no obstante aseguró que bajo ningún punto de vista el gremio docente detentaba la potestad de poder cogobernar la provincia junto al Ejecutivo provincial. Al respecto, destacó el esfuerzo en materia de recursos que se destinan a mejorar la infraestructura escolar y el incremento en partidas destinadas a aumentos salariales, entre ellas, la decisión de suplir los recursos que Nación dejó de enviar a través del FONID.
En tanto que la diputada Gabriela Suppicich anunció que su bloque, FIT-U, elevará una iniciativa al recinto para que se derogue la normativa que crea el adicional docente y modifica el régimen de licencias laborales para cargos de suplentes.
