El presidente Milei había adelantado su decisión de vetar la norma, pero los bloques tienen los votos necesarios para insistir y convertirla en Ley.

La iniciativa que impulsa la oposición fija una recomposición del 8,1% de inflación correspondiente al mes de enero, que no fue incluida en la actualización que el Presidente determinó por decreto, en abril. Sumado a esto, define al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deberán estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Además, crea una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Por último, exige que en un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo salde las deudas con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional y cumpla las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados.

Para este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –dirigida por Gabriel Esterelles– estimó que estas modificaciones representarían un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. En tanto, el mismo organismo estimó que las deudas con las cajas provinciales asciende a un valor corriente de $703.353 millones, monto equivalente a 0,13% del producto.

Para la diputada de Pro Daiana Fernández Molero, el impacto que calculó la OPC solo podría aplicarse para este año, dado que no contempla el refuerzo por RIPTE. La legisladora indicó a LA NACION que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI. Por eso, calificó la fórmula como “explosiva”: “Este agregado es asimétrico ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó la economista.
“Milei otra vez nos dice degenerados fiscales. Si quienes vamos a votar este proyecto somos degenerados fiscales, le quiero decir al Presidente que el es un degenerado social, que aumentó la pobreza y la indigencia, y no cubre en lo más mínimo lo que necesitan los argentinos para sobrevivir”, arremetió la bonaerense Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) durante su discurso final.

Su colega, José Mayans, hizo una fuerte crítica al programa económico del Gobierno y hasta se atrevió a comparar a Mauricio Macri con Alberto Fernández. “¿Están mirando los números de la economía argentina? Esto ya se lo advertí al grupo Macri, cuando empezó su caída. Después nadie era amigo de Macri, así como ahora nadie es amigo de Alberto, ¿verdad?”, evaluó. Por último, dictaminó: “Resolvamos este tema hoy acá. Está mal el programa económico, le deben a las provincias”.

El último en tomar la palabra fue el líder de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy). Durante su discurso, criticó las sucesivas modificaciones a la fórmula previsional que, según consideró, erosionaron los haberes de los jubilados. “Admitan su incapacidad absoluta de gestión y de resolver los problemas de este país. Ahora de golpe están apurados”, chicaneó Atauche tanto sobre la administración de Macri como la de Fernández. “Con nuestro Gobierno, todos los meses las jubilaciones suben más que la inflación. Datos, no relato”, sentenció el jujeño, que terminó su exposición pidiendo el acompañamiento de su dictamen.