El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra en estado de alerta máxima ante la inminente publicación de un decreto del Gobierno nacional que, según denuncian trabajadores y científicos del organismo, buscaría un ajuste brutal que incluiría la venta de 100.000 hectáreas de tierras distribuidas en todo el país y el cierre de 258 agencias de extensión rural. Este plan también implicaría la reducción de 1.500 puestos de trabajo.
El posible "desguace" del INTA estaría siendo impulsado a través de un decreto que se encuentra en preparación bajo la órbita del asesor presidencial Federico Sturzenegger.
Desde diversos sectores vinculados al INTA advierten que este proyecto también contempla la centralización de la conducción del instituto, modificando su actual esquema de gobernanza compartido entre el sector público y privado. Esta alteración abriría la puerta a una eventual liquidación de tierras consideradas estratégicas en distintas provincias, incluyendo las 2.000 hectáreas del Campo Anexo San Antonio en Misiones, clave para ensayos de mejoramiento genético de araucarias y pinos.
"El INTA cuenta con un modelo autónomo de gestión que le ha permitido preservar sus recursos hasta ahora. Si la venta de tierras aún no prosperó, es gracias a esa estructura descentralizada", alertaron trabajadores en un informe difundido por El Destape.
El presidente del INTA, Ariel Pereda, denunció públicamente la iniciativa en una entrevista radial y criticó las recientes declaraciones de Sturzenegger en el 42° Congreso del IAEF, donde el asesor presidencial cuestionó duramente el funcionamiento del organismo: "¿Sabían que el INTA gasta 400 mil millones de pesos, tiene 6.000 empleados, 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué hacen?", planteó Sturzenegger.
Pereda respondió con firmeza: "Desde diciembre de 2023 los presupuestos se vienen prorrogando. Con la inflación actual, ya perdimos un 25% de nuestros recursos. Ahora se busca modificar el esquema de gobernanza para avanzar con una venta masiva de tierras. Ya se vendió un edificio en Palermo y 40 hectáreas en Salta".
Desmantelamiento territorial y preocupación gremial
El plan, de concretarse, proyecta el cierre de las 258 agencias de extensión que el INTA tiene distribuidas por todo el país, transfiriendo su responsabilidad a provincias y municipios. Esto, advierten, desarticularía décadas de trabajo esencial en asistencia técnica a productores, especialmente a los de la agricultura familiar.
Guillermo Gabriel Cordes, delegado gremial en INTA Manfredi (Córdoba), señaló: "El cierre de las agencias y la reducción de 1.500 trabajadores implican tirar a la basura décadas de investigación aplicada y presencia territorial".
La preocupación se extendió a otros estamentos, como el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien remarcó el rol clave del INTA como puente entre el sistema científico y la producción. "La política de desfinanciamiento arrancó con la llegada de Milei. Hoy el ataque apunta a liquidar tierras y desmantelar proyectos que representan más de una década de trabajo en investigación", expresó Rodríguez.
Héctor Ferrario, trabajador del área de articulación institucional, junto a más de 270 empleados, publicó una carta abierta defendiendo la trayectoria y la relevancia de los 6.300 trabajadores del instituto, destacando su rol en la innovación tecnológica, la extensión rural y el desarrollo de pequeños y medianos productores.
Campos en venta: el corazón de la controversia
Entre los casos específicos que generan mayor rechazo y preocupación se encuentran la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez (Córdoba), donde se evalúa vender 895 de sus 1.028 hectáreas, y la Estación Forestal Manuel Belgrano (Misiones), que podría ver subastadas 2.000 de sus 2.239 hectáreas totales.
Estos ejemplos forman parte de un listado de 100 predios que estarían incluidos en el plan oficial de venta. De concretarse, el INTA perdería alrededor del 80% de su superficie territorial, afectando seriamente su capacidad operativa e investigativa y poniendo en jaque su futuro como institución clave para el sector agropecuario argentino.
