El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart denegó el recurso de apelación presentado por la defensa de el ex presidente que intentaba suspender el sumario interno actualmente a cargo de Gendarmería por el envío de armas al país vecino.
La Justicia volvió a rechazar este miércoles un intento del expresidente, Mauricio Macri, por frenar la investigación interna que lleva adelante la Gendarmería Nacional que busca determinar qué fue lo que ocurrió con los elementos represivos enviados por el Gobierno de Cambiemos a las fuerzas de seguridad de Bolivia en noviembre de 2019, en los días en los que se llevó a cabo el golpe de Estado en ese país contra el entonces presidente Evo Morales.
El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart denegó el recurso de apelación presentado por la defensa de Macri contra la resolución a través de la cual le habían rechazado el pedido de que se suspenda el sumario interno que está haciendo Gendarmería por orden del Gobierno nacional, según informaron fuentes judiciales.
El magistrado rechazó la apelación presentada por el abogado de Macri, Pablo Lanusse, tras considerar que la resolución atacada "no resulta ser una decisión de las comprendidas entre las expresamente susceptibles de apelación, además de no causar gravamen irreparable alguno".
"Lo decidido no veda la posibilidad de las partes de exigir el cumplimiento de esos postulados en el marco de la actividad administrativa ni su eventual posterior control en sede judicial, en caso de corresponder. Todo ello impide tener por acreditado un agravio actual de imposible reparación", sostuvo el juez.
Macri buscaba frenar el avance del sumario interno a través del cual el ministerio de Seguridad avanza con la recolección de información vinculada al supuesto contrabando que luego es puesta a disposición de la justicia para que evalúe su importancia en el expediente y decida de que forma la incorpora.
De esa investigación interna surgieron los primeros elementos de trascendencia, como las declaraciones de algunos integrantes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y que aseguraron que las municiones antitumulto enviadas a ese país no se utilizaron para proteger la embajada argentina ni se consumieron en ejercicios de práctica, lo que echó por tierra las primeras excusas deslizadas por los acusados en declaraciones mediáticas.
En la causa, están imputados el expresidente Macri; sus ministros, Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); el exembajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
Este miércoles, además, el juez López Biscayart aceptó la quedarse con la otra denuncia radicada ante el fuero Penal Económico por el exjuez Eduardo Freiler que había caído en otro juzgado.