La justicia neuquina ordenó allanar este jueves, el edificio del ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Buscarían un servidor con información de la maniobra a través de la cual, un grupo de funcionarios políticos se hicieron con más de 63 millones de pesos entre enero y julio de 2022, de acuerdo a una estimación.
En el procedimiento participa personal de la División Análisis Forense. El objetivo es hallar ese servidor para verificar la información que contiene.
Como se recordará, el 29 de noviembre de 2022, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli formuló cargos contra 19 personas. Les imputó integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a quedarse con fondos públicos que tenían como destino original atender situaciones de vulnerabilidad social producto de la desocupación.
Al momento de los hechos, Soiza ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Según la investigación, intervino como “jefe” de la organización; tenía dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras delictivas: Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.
Esta mañana, por pedido del fiscal del caso Juan Manuel Narvaez, se realizó un procedimiento en la sede del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Neuquén, en el contexto de la investigación por las estafas con planes sociales.
“La medida la solicitamos porque en los últimos días obtuvimos información sobre la existencia de un servidor interno que contendría datos de relevancia para el caso, por lo cual pedimos la autorización para poder buscar el contenido y luego ver si es necesario secuestrarlo”, explicó el fiscal del caso.
El operativo comenzó por la mañana en la sede ubicada en Anaya y Planas, y el Ministerio Público Fiscal lo llevó adelante con personal de la División de Análisis Forense Informático (DAFI) y del departamento de Delitos de la Policía provincial.
La medida se enmarca en la investigación por la cual el 29 de noviembre de 2022, el fiscal jefe Pablo Vignaroli formuló cargos a 19 personas. Les imputó integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a quedarse con fondos públicos que tenían como destino original atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.
En la actualidad hay tres personas detenidas y todas ocupaban, al momento de los hechos, un puesto en el Ministerio de Desarrollo Social. Se trata del ex director de Planes Sociales Ricardo Soiza, apuntado como jefe de la organización; y de sus dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras imputadas: Néstor Pablo Sanz, en ese entonces director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, quien era el responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. Los tres permanecen detenidos en prisión preventiva.
El fiscal jefe Vignaroli y el fiscal del caso Narváez, ya adelantaron que también hay otras personas bajo investigación.
