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Organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad rechazaron la propuesta del Gobierno de eliminar del nomenclador el Sistema de Prestaciones Básicas.
La medida permitiría que cada financiador establezca sus propios aranceles en lugar de acordarlos en el Directorio de Prestaciones Básicas para todos los financiadores del Sistema.
Esta situación, señalaron, “conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad y sería contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, expresó en un comunicado la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
La Defensora, María Rosa Muiños, encabezó una reunión con representantes de numerosas organizaciones, quienes expresaron su preocupación ante esta iniciativa.
Los argumentos
Al finalizar la reunión, se elaboró un documento conjunto en el que personas con discapacidad, familiares, representantes de organizaciones sociales que nuclean este colectivo, organizaciones de Derechos Humanos e instituciones que brindan servicios asistenciales, expresaron su “rechazo a la propuesta de modificación del decreto 1193/1998 elaborada por el Gobierno Nacional que busca eliminar el nomenclador único del Sistema de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad”.
En el documento explicaron que actualmente las Prepagas, Obras Sociales y Sistema Público (Incluir Salud y PAMI) “están obligadas a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación indicadas a las personas con discapacidad. Los aranceles de las mismas se encuentran regulados y expresados en un único valor con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación a todas las personas con discapacidad, sin diferenciar el tipo de cobertura que posean”.
“Por lo tanto -concluyeron-, la existencia de un valor universal iguala la calidad de servicios, siendo que las personas con recursos altísimos o muy bajos reciben la misma prestación”.
En contraposición, “la propuesta de las autoridades nacionales que trascendió mediáticamente establece que cada financiador del sistema de salud tiene la potestad de estipular su propio nomenclador. Es decir, faculta a la Superintendencia de Servicios de Salud SSS (que regula a obras sociales y Prepagas), al PAMI y a Incluir Salud, a establecer los valores que están dispuestos a pagar por estas prestaciones”.
Y consideraron que esa modificación “abre la puerta para la existencia de prestaciones de diversa calidad para personas con discapacidad con diferente tipo de cobertura. No perdemos tampoco de vista que esta medida es puesta en consideración en un proceso de desfinanciamiento del sistema de salud, de aumento de las cuotas de la medicina prepaga y donde peligra la continuidad de muchas políticas de inclusión orientadas a este colectivo”.
Al rechazar la propuesta, también pidieron que “nos convoquen para poder participar de todos los proyectos tendientes a robustecer la integralidad y universalidad del sistema de prestaciones para personas con discapacidad” a la vez que solicitaron “al Poder Legislativo que se avance en la aprobación de un proyecto que incorpore al Nomenclador único en la Ley de Prestaciones Básicas 24.901”.
