Por pedido de la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, extendieron las medidas cautelares que vienen cumpliendo un hombre, A.V, y una mujer, M.C.V, quienes se encuentran acusados de mantener de rehén a un defensor oficial el pasado 5 de marzo en la ciudad de Zapala.

Ambos imputados se encuentran imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad en grado de autores (artículos 142 bis primer párrafo y 45 del Código Penal).

Durante la audiencia realizada el viernes, la fiscal del caso aseguró que no hubo elementos nuevos que hagan morigerar las medidas establecidas. En ese contexto solicitó que se extienda la prisión preventiva que viene cumpliendo A.V por un plazo de 60 días o hasta que finalice el juicio. El pedido estuvo fundado en el peligro de entorpecimiento y de integridad hacia la víctima. Explicó que “estamos en una situación peor” en la que posiblemente se le realice al imputado un nuevo el juicio de responsabilidad penal, quien se encuentra bajo la investigación por un caso de abuso sexual. Para el caso de la mujer, Pizzipaulo solicitó que continúe con los comparendos en el Ministerio Público Fiscal.

La jueza de garantías a cargo de la audiencia hizo lugar al pedido de la fiscalía y prorrogó las medidas cautelares en los términos solicitados.

La teoría del caso de la fiscalía es que el 5 de marzo de 2021, alrededor de las 8.50 de la mañana, un hombre, A.V, y a una mujer, M.C.V, ingresaron a la sede de la defensoría oficial de la ciudad de Zapala. Allí retuvieron ilegítimamente al defensor público Pablo Méndez, durante once horas y diez minutos, con el objetivo de obligarlo a hacer una petición ante el Ministerio Público Fiscal para que se efectuara una nueva cámara gesell en un caso en el que A.V fue declarado penalmente responsable. Para esto, A.V usó un machete, una navaja, un palo y una cadena; intimidó al defensor público y lo ató a una silla. Finalmente, los acusados obligaron al defensor a redactar un petitorio con diversos puntos.