“Los vehículos livianos patentados o registrados en cualquier localidad de la provincia del Neuquén, no van a pagar peaje”, recordó Etcheverry tras la firma de un convenio.
Los ministros de Infraestructura de la provincia del Neuquén, Rubén Etcheverry, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Pablo Bereciartua, firmaron un convenio de colaboración mutua para avanzar en la futura implementación de peajes en las rutas neuquinas.
Bajo la órbita del ministerio de Infraestructura de CABA, se encuentra la empresa AUSA (Autopistas Urbanas SA) donde la mayoría accionaria la tiene el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta empresa, entre otros trabajos, opera y mantiene autopistas en CABA y desarrolla innovaciones tecnológicas, buscando una mejora en la seguridad vial.
Luego de la firma, Etcheverry comentó que “seguimos avanzando para poder implementar la contribución por peajes en las rutas de nuestra provincia” y agregó: “Hoy firmamos este primer convenio de colaboración y más adelante lo vamos a hacer firmando convenios específicos con AUSA, que tiene mucha experiencia en el tema”. Y adelantó que “estamos avanzando con la compra de equipos y la implementación de la estación free flow de peaje antes de fin de año en la ruta 7”.
El ministro recordó que “los vehículos livianos (autos) patentados o registrados en cualquier localidad de la provincia del Neuquén, no van a pagar peaje”.
En uno de los puntos del convenio se establece que el ministerio de Infraestructura de CABA por sí o través de terceros, proporcionará y suministrará a la cartera ministerial neuquina y/o a la Dirección Provincial de Vialidad, en condiciones eventuales que se acuerden: información, equipamiento, transferencia de know how, servicios, sistemas operativos e información para la operación, mantenimiento y explotación de obras viales sujetas a contribuciones especiales de peaje.
La provincia del Neuquén sancionó la Ley N° 3439, mediante la cual se creó una contribución especial por peaje con el objeto de instituir el sistema de financiación de obras viales y su mantenimiento, operaciones y/o reparaciones; y se habilitó al Poder Ejecutivo a explotar directamente las obras viales por sí mismo, o conceder a terceros bajo contratos de concesión la construcción y/o mantenimiento y/o reparación y/u operación y/o explotación de las obras viales.
