Mediante un acuerdo pleno, cinco personas fueron condenadas por defraudar los intereses de una clínica privada de la ciudad de Neuquén. Ocurrió durante una audiencia realizada el miércoles en la ciudad judicial, con la acusación a cargo del fiscal del caso Juan Narvaez y de la asistente letrada Tanya Cid, de la fiscalía de Delitos Económicos.
Además de las cinco condenas, otras dos personas que formaban parte de la investigación realizaron una compensación económica a la institución privada que fue perjudicada por la maniobra y suspendieron el proceso a prueba.
El acuerdo al que se arribó contó con el aval de la querella particular y de las defensas.
Las personas condenadas ayer son cinco: Abel de la Cruz Retamal, Juan Ignacio Guzmán, Yamila Grisel Pavez, Jorge Ignacio Román y Nadia Abril Pérez.
Respecto de Abel de la Cruz Retamal y de Juan Ignacio Guzmán, contempló la declaración de responsabilidad por los delitos de defraudación especial por administración fraudulenta, en carácter de coautores. En los casos de Yamila Grisel Pavez, Jorge Ignacio Román y Nadia Abril Pérez, fue en calidad de partícipes necesarios (artículos 173 inciso séptimo y 45 del Código Penal).
El acuerdo prevé además la pena de 3 años de efectivo cumplimiento para el caso de Retamal, quien además donará a la clínica damnificada un automóvil Jeep Compass, una moto Zanella Rz 300 y un terreno de mil metros ubicado en la localidad de Melliquina.
Desde la fiscalía, el fiscal Narvaez estimó que Retamal realizó un perjuicio económico a la clínica valuado en más de $28 millones, lo que actualmente equivale a un total de $214 millones. Por este motivo recibió la pena más alta.
Condenas en suspenso
En relación a Juan Ignacio Guzmán, la pena acordada fue de 3 años en suspenso y el cumplimiento de las reglas de conductas generales: no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo de alcohol y estupefacientes y mantener domicilio. En este caso, como el condenado reside en Nueva Zelanda, deberá informar cualquier cambio de domicilio y estará bajo el control del Consulado Argentino en ese país, en el que deberá presentarse de manera cuatrimestral. Además, deberá pagar el equivalente en pesos de 3 IUS (medida de referencia para el pago de costas judiciales, que actualmente representa $96.713) mensuales durante los 3 años al centro de día ANTU DAÑE (Asociación de Padres con hijos con Parálisis Cerebral). El monto defraudado fue por más de un millón de pesos, lo que asciende en la actualidad a un total de más de $14 millones.
Respecto de las otras tres personas condenadas, la pena acordada también fue de tres años en suspenso y el cumplimiento de las reglas generales de conducta. Además, durante ese plazo deberán realizar tareas no remunerativas en beneficio de la Asociación de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén: 576 horas para Yamila Grisel Pavez (recibió transferencias por un monto de más de $9 millones, lo que hoy representa un total de más de $81 millones) y 288 para Nadia Abril Pérez y Jorge Ignacio Román. En estos casos, las transferencias recibidas fueron menores: aproximadamente $2 de pesos cada uno, con valores actuales aproximados a los $18 millones.
En los 5 casos se valoró como agravantes la extensión del daño y la naturaleza de la acción. Y como atenuantes el reconocimiento de los hechos, la aceptación de la pena acordada y que no tienen antecedentes penales.
La jueza de garantías Estefanía Sauli, hizo lugar al acuerdo y fue homologado en todos sus términos. La magistrada les hizo saber a los condenados que la pena en suspenso está sujeta al cumplimiento de las reglas de conductas y que en caso de no cumplir, se procederá a su revocación.
Suspensión de juicio a prueba
En una segunda instancia de la audiencia, las partes presentaron un acuerdo que contempló la suspensión de juicio a prueba por los imputados D.F.L y M.A.P, acusados también por los delitos de defraudación especial por administración fraudulenta en calidad de partícipes necesarios (artículos 173 inciso séptimo y 45 del Código Penal).
En ambos casos el acuerdo fue por el término de tres años bajo las reglas de conductas generales. Además deberán realizar un aporte mensual de 1 IUS al Centro De Día Antu Dañe durante los tres años.
Como reparación económica, D.F.L también comprometió el pago de $2 millones en un pago a favor de la clínica damnificada. Por su parte, M.A.P deberá aportar $6 millones de pesos en 12 cuotas consecutivas.
La jueza de garantías homologó el acuerdo presentado por las partes en todos sus términos.
En total, la fiscalía imputó a 16 personas y tras el acuerdo, resta resolver la situación de las otras personas investigadas.
La estafa
La teoría del caso que logró acreditar la fiscalía es que entre el 5 de enero del 2018 y 15 de octubre de 2021, Juan Ignacio Guzmán y Abel de la Cruz Retamal, aprovecharon los roles que cumplían cómo liquidadores de sueldo en una clínica ubicada en la capital provincial y la confianza que esos cargos conllevaban, para defraudar los intereses de la institución en más de $30 millones. Para ello, contaron con la colaboración necesaria e imprescindible de Yamila Grisel Pavez, Nadia Abril Pérez, Jorge Ignacio Román, F.G.A, F.M.A, A.A.J, J.G.L, D.F.L, M.A.P, L.G.T, E.M.C, A.A.D, V.L.M y S.M.P.
Las maniobras que Juan Ignacio Guzmán y Retamal realizaban, consistían en modificar datos en los registros de las liquidaciones de sueldos de empleados del sanatorio, generando falsos pagos a empleados y supuestos empleados, que luego eran transferidas a distintas cuentas bancarias.
