Un varón y una mujer fueron acusados por el asistente letrado Emilio Briguglio, quien en una audiencia realizada el sábado pasado les formuló cargos por haber retenido contra su voluntad y ejerciendo violencia a una pareja para exigirle la entrega de dinero. Ocurrió en Plottier y las dos personas imputadas deberán cumplir prisión domiciliaria por cuatro meses, mientras avanza la investigación.

Además de Briguglio, por el Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal del caso Paula González. El juez de garantías que tuvo por formulados los cargos y dispuso la detención domiciliaria es Marco Lupica Cristo.

La teoría del caso de la fiscalía es que los hechos comenzaron el 16 de julio, cerca de las 15 horas, cuando la víctima, un varón que se desempeña en tareas de albañilería, se encontraba en su lugar de trabajo. Allí lo pasó a buscar otro varón, el contratista para el que trabajaba y que le facilitaba una habitación para que viviera junto a su pareja y sus dos hijos.

Más tarde, sin que la víctima pueda precisar el momento en concreto pero cerca de la medianoche, el imputado, L.M.F.T, detuvo la marcha para que subiera otra persona, y juntos lo ataron y comenzaron a golpearla, mientras le exigían la entrega de una suma de dinero. La persona que había subido al vehículo, L.M.C.E, es la pareja del imputado: juntos, llevaron a la víctima a la casa en la que le permitían vivir junto a su familia y, una vez allí, le exigieron a su pareja que saliera de la habitación y la ataron a una silla. Con la mujer inmobilizada, continuaron golpeando al varón y lo lesionaron utilizando herramientas y un cuchillo caliente, siempre con la exigencia de que les entregara dinero. Recién cuando accedieron a entregar un terreno que poseen en Plottier les permitieron irse del lugar y refugiarse en la casa de familiares, en Neuquén.

La Fiscalía calificó provisoriamente la conducta desplegada por el varón y por la mujer como amenazas coactivas agravadas por el uso de armas, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en carácter de coautores (artículos 149 bis, segundo párrafo; 149 ter, inciso 1; 142, inciso 1; 45 y 55 del Código Penal).

Por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, en función de la conducta que desplegaron las dos personas acusadas, y para proteger a las víctimas, la fiscalía solicitó la prisión domiciliaria por cuatro meses y la prohibición total de contacto respecto de víctimas y de su grupo familiar. Sin oposición de la defensa, el juez convalidó ambos planteos.