El fiscal del caso Juan Narvaez y la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Económicos, Agustina Jara, ampliaron la acusación que a fines del año pasado se había realizado contra un imputado por haber cometido estafas con la venta de viviendas: sumaron nuevos hechos cometidos contra otro grupo de víctimas e incluyeron en la imputación a un hermano de quien hasta el momento era el único involucrado en la investigación.

En total, en un período que va desde el 1 de noviembre de 2019 al 9 de septiembre de 2022, los imputados perjudicaron a víctimas en 14 hechos, con un perjuicio histórico de $25.333.248 y U$ 221.737. Esos montos se actualizarán al momento del juicio.

Los acusados son dos hermanos, A.N.C y B.R.C, a quienes se les atribuye haber montado una estructura con tres oficinas para atraer clientes. Se trata de Compac Viviendas, que en el plazo de tiempo indicado, tuvo tres sedes: una en J.J. Lastra 1120, otra en Rivadavia 340, y otra en Pampa 355, todas de Neuquén capital. La supuesta empresa ofrecía servicios de construcción en seco, bajo las modalidades de “steel framing” y “Wood framing”.

El fiscal del caso y la asistente letrada Jara explicaron que los imputados desplegaban una puesta en escena consistente en mostrarle a sus futuros clientes los catálogos de las casas que supuestamente habían construido, así como también las instalaciones de la empresa, en donde las víctimas podían observar materiales de construcción acopiados y gente trabajando.

“Además, los imputados aprovechaban la ocasión para resaltar que estaban construyendo varias casas, que también contaban con oficinas en la ciudad de Bahía Blanca y que pensaban abrir más sucursales en otras localidades de la región”, precisó Narvaez.

“De esta forma, A.N.C y B.R.C generaban confianza en sus clientes a fin de que contrataran con la empresa”, aclaró por su parte Jara, y explicó que era el inicio de la estafa, en la que “les hacían incurrir en el error de pensar que se trataba de una empresa seria, firmaban un contrato y le entregaban dinero”.

Según pudo concluir la fiscalía, las viviendas nunca se construyeron o, en los casos en los que las obras comenzaron, se estancaron apenas iniciadas. Mediante excusas, los imputados ganaron tiempo hasta levantar las oficinas e interrumpir el contacto con las víctimas.

Tras escuchar a las partes, la jueza a cargo de la audiencia, Natalia Pelosso, tuvo por formulados los cargos respecto de B.R.C y reformulados, con nuevos hechos, respecto de A.N.C. También hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía para contrarrestar el riesgo de fuga y para resguardar patrimonio que pueda ser de utilidad para resarcir a las víctimas. De ese modo, dictó una prórroga de una inhibición general de bienes que ya regía en la investigación, se impuso a los imputados una prohibición para salir del país y presentaciones mensuales ante el Ministerio Público Fiscal.