La fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo formularon cargos a un varón y una mujer por tenencia de droga para la comercialización y por tenencia ilegal de armas de fuego.
La acusación la efectuaron hoy al mediodía en la Ciudad Judicial, durante una audiencia en la que además requirieron como medida cautelar que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por 3 meses, por existir riesgo de que no se sometan al proceso.
Según la investigación provisoria realizada entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el acusado, R.Z, y la acusada, D.Y.S, tenían en la casa donde residen un total de 326 gramos de clorhidrato de cocaína; 42 gramos de cogollos de cannabis sativa; y cinco armas de fuego de diversos calibres (una pistola, una carabina calibre 5.5, dos carabinas calibre 22 y un revólver calibre 45), todas sin autorización legal; además de 40 cartuchos completos calibre 22.
Todo esto fue secuestrado durante un allanamiento en la vivienda ubicada en calle Castelli de la ciudad de Neuquén, realizado ayer.
La fiscal del caso indicó que "en ese domicilio los imputados fraccionaban las sustancias, en dosis destinadas al comercio, para lo cual tenían elementos tales como una balanza de precisión, dinero en efectivo, diversos envoltorios de nylon negro recortados, un posnet y lector de tarjetas de mercadopago, entre otros".
Además, puntualizó que la droga secuestrada se encontraba fragmentada en seis envoltorios de nylon color negro.
El delito que atribuyó a R.Z y D.Y.S fue el de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego.
Tras escuchar a las partes, el juez que dirigió la audiencia, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos, y al momento de evaluar el pedido de prisión preventiva, consideró que “un volumen de cocaína como el que se señaló es una suma de dinero importante”. Explicó que representa “la existencia de un caudal económico, que en términos de una potencial fuga podría ser utilizado”, y luego de fijar el mes de plazo para investigar que pidió la fiscalía, impuso la medida de coerción por el doble de ese tiempo, es decir, por dos meses.
