En un giro que redefine el panorama judicial y político, el Tribunal Oral Federal N°2 notificará esta tarde a Cristina Fernández de Kirchner su ingreso en prisión domiciliaria. La medida, confirmada por fuentes gubernamentales a TN, se realizará de forma remota a través de Zoom, con el objetivo de evitar el desplazamiento de la expresidenta a los tribunales de Comodoro Py. De este modo, la titular del PJ quedará bajo detención en su domicilio.
La decisión del juez Jorge Gorini se conoce en una jornada clave, ya que este mismo martes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían rechazado el pedido de prisión domiciliaria de la defensa de Kirchner, recomendando mantener la orden original de detención en un establecimiento carcelario. Sin embargo, Gorini ya tenía avanzada una resolución en sentido contrario, preparando los detalles finales del documento que oficializará la medida en las próximas horas.
Detalles de la prisión domiciliaria y la reacción política
El plazo para que la expresidenta se presentara voluntariamente en tribunales vencía este miércoles. No obstante, con la notificación vía Zoom, la instancia judicial se cumplirá sin necesidad de traslado, y Cristina Kirchner quedará detenida en su departamento de la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución.
La medida establece algunas condiciones específicas. No se implementará la tobillera electrónica, según se informó, por falta de dispositivos. En su lugar, se dispondrá una custodia presencial a cargo de fuerzas de seguridad oficiales. Además, se restringirá el aforo de reuniones políticas en su domicilio. No obstante, la expresidenta no tendrá límites para comunicarse por redes sociales, conceder entrevistas o aparecer en espacios públicos como el balcón de su departamento.
El Gobierno había expresado temor a que un traslado judicial de Cristina Kirchner pudiera desencadenar una protesta de difícil control. Desde el peronismo, sin embargo, se insiste en que la movilización prevista para mañana, bajo la consigna “Cristina Libre”, sigue en pie. Impulsada por distintos sectores del PJ, gremios y organizaciones sociales, la manifestación busca denunciar una "persecución judicial" y acompañar a la exmandataria frente a lo que consideran un caso de lawfare.
Mientras tanto, la defensa de la expresidenta ya activó una estrategia internacional, presentando su situación ante la Corte Penal Internacional y planeando recurrir a la CIDH para intentar revertir la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, una condena ratificada por la Corte Suprema. Como antecedente, citarán el caso del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Resta por verse si la militancia aceptará esta nueva realidad o si insistirá con una movilización que, con la detención domiciliaria, pierde la razón inicial de su convocatoria: la detención física en tribunales de la principal figura del kirchnerismo.
