Marcelo Guagliardo anunció que el gremio docente va a formar un equipo técnico legal para asesorar a docentes y denunciar "tanto en el fuero civil como penal de corresponder, frente a todo acto de difamación, escrache, exposición pública con imputación de delitos no probados y que cursan investigación judicial, que deshonre el buen nombre y profesionalismo de compañeros, tengan o no denuncia", explicó.

Guagliardo dijo que "Formalizamos nuestro acompañamiento a cada compañero denunciado y sus familias . Estamos en contacto con ellos exigiendo y controlando que se les garantice el derecho al debido proceso, así como el derecho constitucional a la presunción de inocencia hasta tanto un Juez, luego de la probanza en un juicio, pueda llegar a declararlos culpables", sostuvo.

"Expresamos nuestro apoyo a la petición sostenida por la Defensa del compañero Walter Herrera para que sea ratificada la medida de Prisión Domiciliaria, que por derecho le corresponde y que ha sido dictada por el Tribunal de Impugnación", agregó.

Guagliardo manifestó que "Constituiremos, y lo informaremos en los próximos días, un equipo técnico legal que asesorará a los compañeros ante estas situaciones en la etapa inicial. El mismo se pondrá a disposición también para colaborar, en caso de ser requerido, con las defensas que se están llevando adelante".

En la misma línea aseguró que "Impulsaremos todas las instancias judiciales necesarias, tanto en el fuero civil como penal de corresponder, frente a todo acto de difamación, escrache, exposición pública con imputación de delitos no probados y que cursan investigación judicial, que deshonre el buen nombre y profesionalismo de compañeros, tengan o no denuncia; que viole el principio constitucional de presunción de inocencia y se produzcan por cualquier medio sea de difusión masiva, redes sociales, afiches o volantes".

Por otro lado, pidió "al Poder Judicial , su intervención, seguimiento y adopción de medidas preventivas y cautelares ante denuncias que hemos presentado y por presentar, vinculadas a situaciones vividas en las escuelas y en domicilios de compañeros y/o de sus familias. La investigación de personas identificadas o por identificar en estos actos cuyas conductas constituyen claramente presuntos delitos de amenazas, intimidaciones, violencia física, psíquica o simbólica".

"Al Poder Ejecutivo Provincial le exigimos, además de las medidas de protección y seguridad en las escuelas y en domicilios amenazados, las creaciones de los cargos necesarios para completar las Duplas Pedagógicas que faltan; la derogación de la Res. 1638/22 y la finalización del Protocolo o Guía de Intervención sobre denuncias de ASI en las escuelas", señaló.

"Tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo Provincial son responsables de garantizarnos a nosotros y a las comunidades educativas un marco pacífico y en armonía de resolución de los conflictos, revalorizando el rol de los trabajadores de la educación , nuestra importancia en el cuidado de los derechos de las infancias y el fortalecimiento del vínculo docente/familia", postuló.