Daniel Vidondo, presidente del concejo deliberante de Plaza Huincul, consideró que en caso de cometer delitos, los concejales pueden ser sometidos a juicio político. No obstante, aclaró que aún debe determinarse si existió algún tipo de perjuicio al estado municipal a partir del análisis del informe que presentó el lunes de esta semana, el intendente Claudio Larraza donde dijo que en las cuentas de la comuna faltaban 285 millones de pesos.
Vidondo efectuó declaraciones al programa que conduce Gabriel Galarza por FM La Roca y aclaró: "Si hay actos irregulares y se llega a esa conclusión, tenés distinto tipo de responsabilidades. Una responsabilidad penal, estamos hablando de delitos de malversaciones y demás, en este caso serían agravados porque estamos hablando de funcionarios públicos. Esa responsabilidad penal se dirime en el ámbito de la justicia ordinaria. Tenés una responsabilidad patrimonial de los funcionarios, que es rendir cuentas al Tribunal de Cuentas. Y tenés una responsabilidad política que el ámbito es el concejo deliberante", puntualizó.
Vidondo afirmó que "Escuché varias declaraciones diciendo que este no es el ámbito. La Carta Orgánica en el artículo 125, te dice: "los funcionarios afectados, el intendente, concejales, secretarios y subsecretarios del gabinete y Juez Municipal de Faltas, puede ser sometido a Juicio Político por delitos comunes o cometidos en el desempeño de sus funciones o por mal cumplimiento de los deberes a su cargo"", repasó.
Al respecto, indicó que "La denuncia la puede hacer cualquier miembro del concejo deliberante, cualquier funcionario, cualquier vecino. Yo creo que está equivocado en hacer esas declaraciones porque la responsabilidad política, se dirime en el CD mediante la figura del Juicio Político".
Luego insistió: "Hay que ver si corresponde, no corresponde, ese es un análisis que se está haciendo".
Vidondo detalló que en caso de ser sometidos a juicio político Gustavo Suárez y/o Marga Yunes, obviamente "se tienen que excusar porque tienen carácter de investigados... en su caso deberían abstenerse".
"También hay otra cuestión para aclarar. En el caso de que la sala Acusadora determine que hay argumentos suficientes como para continuar con el juicio político, automáticamente se suspende al funcionario por el término de 30 días sin goce de haberes, con lo cual automáticamente se produce una vacante y hay que entrar con el sistema de subrogancia que hay que evaluar a quién le correspondería reemplazar a la persona que está siendo juzgada", agregó.
