La diputada Gabriela Suppicich (PO) hizo público un comunicado de prensa en el que señala que "El Diputado Claudio Domínguez, del MPN, por orden y cuenta de Figueroa, presentó el proyecto de ley denominado “incentivo docente”. El mismo representa "un ataque a los derechos laborales de los trabajadores docentes", afirma.

La diputada por el Partido Obrero en el FITU, Gabriela Suppicich afirmó que “en linea con Milei, que exige la “esencialidad educativa” como mecanismo de prohibición del derecho de huelga, el diputado Domínguez es el portavoz de un nuevo ataque a la docencia. No les importa la educación ni tampoco las infancias, ya que el y Figueroa fueron parte de los gobiernos que desfinanciaron la educación. Por el contrario, como aplican la “motosierra” al presupuesto educativo, necesitan acallar el reclamo de la comunidad educativa y especialmente de los y las trabajadoras docentes que vienen denunciando la precariedad y riesgo de las condiciones de las escuelas".

"Ademas de antiobrero, el proyecto es anticonstitucional, ya que nuestra carta magna prohíbe como condición para determinar el salario que sea a través de un incentivo como se esta proponiendo aquí. El proyecto avanza en la limitación de licencias, obligando ir a trabajar aun enfermos. Y además, habilita el despido para los suplentes si usan determinadas licencias", detalló.

"Proponemos que el gobierno y Domínguez se pongan a laburar y destinen las partidas presupuestarias para el arreglo de las escuelas y que comience el tratamiento de nuestro proyecto de “garantías estatales alimentarias” que contempla el aumento de los refrigerios escolares. Y que se ocupe de los reales problemas de las familias de esta provincia, garantizando educación mejores salarios y condiciones necesarias para llevar adelante la tarea pedagógica”, indica.

Finalmente agrega: “el Partido Obrero y Tribuna Docente rechazan de plano este proyecto y llaman a la comunidad educativa a organizarse en defensa de la escuela pública que nada tiene que ver con este planteo de eliminar derechos de los trabajadores y culpabilizar a la docencia del desastre educativo”.