Un grupo de docentes sumariadas por el Consejo Provincial de Educación presentó un pedido de informe referido a los procesos sumariales aplicados al personal docente de todos los niveles educativos. Denuncian vulneración de derechos constitucionales, imparcialidad y afectación del debido proceso.
En particular, consultan por la cantidad de sumarios realizados desde el 2015 a la fecha; los criterios establecidos para tales instancias; el procedimiento de resolución de conflictos previo a la aplicación de un sumario; y la cantidad de prevenciones sumariales vigentes y las causas que las motivan.
Con igual criterio, preguntan si todas las personas sumariadas deberían estar separados de sus cargos y si se respetan los fueros gremiales para os casos de los delegados.
Además, buscan conocer los motivos por los que se derogó la resolución 1638, que en un principio fue firmada por todos los miembros del cuerpo colegiado, que fue reemplazada por la 1290 que –consideran- vulnera aún más al personal docente dejándolo más expuesto a ser separados automáticamente frente a las denuncias de las familias.
También piden información referida al acompañamiento a docentes sumariados que regresan a las escuelas y por el protocolo de denuncias por presuntos abusos en instituciones educativas, al tiempo que consultan si existe alguna normativa que resguarde la integridad física y moral de docentes, personal no docente y autoridades directivas de los establecimientos educativos frente a las denuncias de ASI y el grado de acceso a pruebas que poseen las personas denunciadas o sumariadas.
Finalmente, quieren saber si se realiza algún tipo de investigación cuando el supervisor presenta denuncias judiciales por haber realizado maltrato laboral en alguna institución educativa.
En los fundamentos, las seis docentes firmantes recuerdan que han denunciado públicamente que los procesos de investigación administrativa no respetaron la vía procedimental estatutaria, convirtiéndose “en mecanismos de persecución laboral”. En esa línea, argumentan que el cuerpo colegiado del CPE aprobó instrumentos ilegales como la dispensa (resolución 1638/22), reemplazada en la actualidad por la resolución 1290, que “aparta oportunamente” al docente del cargo sin la intervención legal de la junta de disciplina, vulnerando el principio de inocencia, según afirman.
“Estas dinámicas son instrumentadas por el gobierno y avaladas por las conducciones sindicales de ATE y ATEN Provincial”, aseguran las firmantes, quienes informan que, desde el 2021 a la fecha, se reportaron más de 800 sumarios sobre el plantel docente que ha sido parte de “de diversos procesos de lucha por condiciones laborales, edilicias, pedagógicas y previsionales”.
Finalmente, expresan preocupación por la vulneración de sus garantías constitucionales, principio de inocencia, derecho a defensa, debido proceso e imparcialidad de quien resuelve los casos en el CPE.
El proyecto de resolución (16898) ingresó por Mesa de Entradas el 30 de julio firmado por Rocío Goñi, Andrea Galván, Nélida Dora Baro y Norma Beatriz, entre otras firmas.
